Introducción

El juicio ordinario civil es un procedimiento judicial que se utiliza para resolver controversias de naturaleza civil, tales como asuntos relacionados con contratos, daños y perjuicios, obligaciones y derechos de propiedad, entre otros. La fase inicial del juicio ordinario civil es crucial, ya que establece las bases para el desarrollo adecuado del proceso y garantiza que las partes tengan la oportunidad de presentar sus posiciones y pretensiones.

Objetivo de la Fase Inicial

La fase inicial del juicio ordinario civil tiene como objetivo principal dar inicio formal al proceso judicial y permitir a las partes presentar sus demandas, contestaciones y cualquier otro documento relevante para el caso. Es una etapa donde se asegura el principio de contradicción, permitiendo que cada parte conozca y responda a los argumentos presentados por la otra.

Pasos de la Fase Inicial

1. Presentación de la Demanda

   - La fase inicial comienza con la presentación de la demanda por parte del demandante ante el tribunal competente. La demanda debe contener información clara y precisa, incluyendo:

     - Identificación de las partes involucradas.

     - Narración de los hechos que fundamentan la pretensión.

     - Exposición de los derechos que se consideran vulnerados.

     - Petición concreta que se solicita al juez (por ejemplo, el pago de una suma de dinero, la restitución de un bien, etc.).

   - Es fundamental que la demanda esté acompañada de la documentación que sustente la pretensión, así como el pago de las tasas judiciales correspondientes.

2. Notificación al Demandado

   - Una vez que la demanda ha sido presentada y admitida por el juez, se procede a notificar al demandado. Esta notificación es esencial, ya que garantiza que el demandado tenga conocimiento del proceso y la oportunidad de ejercer su derecho a defensa. 

   - La notificación puede realizarse de varias maneras, dependiendo de la legislación vigente, como la entrega personal, el aviso por correo, o la publicación en medios oficiales, en caso de que el demandado no tenga un domicilio conocido.

3. Contestación a la Demanda

   - Después de ser notificado, el demandado tiene un plazo específico para presentar su contestación. En este documento, el demandado puede:

     - Admitir o negar los hechos narrados en la demanda.

     - Presentar excepciones (defensas) o contra-demandas.

     - Ofrecer pruebas y documentaciones que respalden su posición.

   - La contestación es vital, ya que establece los puntos en controversia y permite al juez comprender la naturaleza del conflicto.

4. Audiencia de Conciliación

   - En algunos casos, se programará una audiencia de conciliación, donde las partes son convocadas para intentar llegar a un acuerdo amistoso. Esta audiencia busca promover la resolución del conflicto sin necesidad de continuar con el juicio. 

   - Si se alcanza un acuerdo, se elabora un acta que pone fin al proceso. Si no se logra un acuerdo, el juicio continuará en la siguiente fase.

Importancia de la Fase Inicial

La fase inicial del juicio ordinario civil es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso. Establece un marco en el que las partes tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista y sustentarlos con evidencia. Además, asegura que el juez esté plenamente informado de la controversia, lo que le permitirá tomar decisiones informadas en etapas posteriores.

Conclusión

La fase inicial del juicio ordinario civil es un componente esencial del sistema judicial que garantiza el derecho de las partes a ser escuchadas y a presentar sus argumentos. Desde la presentación de la demanda hasta la contestación y las posibles audiencias de conciliación, esta etapa establece las bases para un proceso justo y equitativo. La correcta comprensión y ejecución de esta fase son cruciales para el éxito de cualquier litigio civil.

El juicio ordinario civil es uno de los principales mecanismos procesales mediante los cuales se resuelven conflictos entre particulares en el ámbito del derecho civil en México. Este tipo de juicio se caracteriza por su formalidad y por seguir un procedimiento que permite a las partes presentar sus pruebas y argumentos ante un juez. Comprender su estructura y funcionamiento es fundamental para quienes se ven involucrados en litigios civiles.

1. Definición y Naturaleza

El juicio ordinario civil se define como el procedimiento judicial que se sigue para resolver controversias en materia civil que no se encuentran sometidas a procedimientos especiales. Suele ser el juicio más utilizado en casos de propiedad, contratos, responsabilidad civil, entre otros. La Ley de Procedimientos Civiles de cada estado y el Código de Procedimientos Civiles del país establecen las normas que rigen este tipo de juicio.

2. Características

Entre las características que destacan del juicio ordinario civil se encuentran:

- Formalidad: Este tipo de juicio sigue un conjunto estricto de formalidades y procedimientos establecidos por la ley, lo que garantiza el respeto al debido proceso.

- Duración: Generalmente, el juicio ordinario es más prolongado que los juicios sumarios o juicios ejecutivos, debido a la complejidad de las pruebas y la cantidad de audiencias que se programan.

- Derecho de Defensa: Permite a ambas partes presentar su caso, pruebas, y argumentos, asegurando que el juicio sea equitativo.

3. Estructura del Juicio Ordinario Civil

El juicio ordinario civil generalmente consta de las siguientes etapas:

a. Fase Inicial: 

- Demanda: El juicio comienza con la presentación de la demanda por parte del actor (demandante), que debe incluir una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que sustentan su petición.

- Notificación: Una vez admitida la demanda, el juez ordena la notificación al demandado, quien tendrá la oportunidad de responder a la demanda.

b. Contestación:

- El demandado debe presentar su contestación, donde puede aceptar o negar los hechos expuestos y ofrecer sus argumentos en defensa, así como las pruebas que estime pertinentes.

c. Audiencia Preliminar:

- En esta audiencia, se revisan los argumentos de ambas partes y el juez puede tratar de promover una conciliación. En caso de que no se logre, se fija el término para la presentación de pruebas.

d. Presentación de Pruebas:

- Ambas partes presentan sus pruebas (documentales, testimoniales, periciales, etc.) en la audiencia de pruebas. Es el momento crucial donde se desahogan los elementos que respaldan cada posición.

e. Alegatos Finales:

- Una vez concluida la presentación de pruebas, se llevan a cabo los alegatos finales, donde los abogados de ambas partes resumen y refuerzan sus argumentos ante el juez.

f. Sentencia:

- Después de evaluar todas las pruebas y argumentos, el juez emite su sentencia, que puede decidir a favor del actor o del demandado. La sentencia será notificada a ambas partes.

4. Recursos

El sistema jurídico mexicano permite interponer recursos contra las sentencias emitidas en un juicio ordinario civil. Estos pueden incluir:

- Recurso de Apelación: Para casos en los que una de las partes no esté satisfecha con la decisión del juez. El recurso se presenta ante un tribunal superior.

- Juicio de Amparo: Si se considera que se han violado derechos humanos o garantías individuales a lo largo del proceso.

5. Importancia del Juicio Ordinario Civil

El juicio ordinario civil desempeña un papel fundamental en el sistema judicial mexicano. Permite la resolución de conflictos de manera ordenada y justa, garantizando el derecho de defensa y el cumplimiento de las formalidades procesales. Además, contribuye a la creación de jurisprudencia y a la interpretación de las leyes, lo que es vital para el desarrollo del derecho civil en el país.

6. Conclusiones

Entender el juicio ordinario civil es crucial para cualquier ciudadano que pueda verse involucrado en una controversia legal. Si bien puede ser un proceso complejo y prolongado, también es un medio primordial para asegurar que se respeten los derechos y se resuelvan disputas civiles en un marco jurídico adecuado. Para aquellos que interactúan con el sistema judicial, la asesoría de un abogado especializado sigue siendo esencial para navegar este proceso con éxito.

La reclamación de deudas es una situación común en el ámbito financiero y comercial, donde un acreedor busca recuperar el dinero que le deben. En México, cuando los intentos de cobro amistoso fallan, los acreedores pueden optar por la reclamación de deudas a través del sistema judicial. Este artículo aborda el proceso de reclamación de deudas en México, los tipos de procedimientos que se pueden seguir y las consideraciones importantes que deben tener en cuenta tanto los acreedores como los deudores.

Tipología de Deudas en México

Antes de iniciar un procedimiento judicial, es útil identificar el tipo de deuda que se está reclamando. Las deudas pueden ser de diversas naturaleza:

- Deudas Comerciales: Relacionadas con la compra de bienes o servicios en un contexto comercial.

- Deudas Personales: Provenientes de préstamos entre particulares, tarjetas de crédito o créditos personales.

- Deudas Impositivas: Que surgen de obligaciones fiscales no cumplidas.

Cada tipo de deuda puede tener distintos procedimientos legales asociados y requisitos específicos que deben cumplirse.

Proceso de Reclamación Judicial de Deudas

El procedimiento para reclamar una deuda judicialmente en México suele incluir varias etapas:

1. Demanda Judicial: El acreedor debe presentar una demanda ante el juez competente. La demanda debe incluir información detallada sobre la deuda, como el monto adeudado, la naturaleza de la obligación, la documentación que respalde la reclamación (contratos, recibos, etc.) y los datos de contacto del deudor.

2. Notificación al Deudor: Una vez que la demanda ha sido admitida por el juez, el deudor debe ser notificado formalmente. Esta notificación es fundamental, ya que le permite conocer la reclamación y prepara su defensa.

3. Contestación de la Demanda: El deudor tiene un plazo estipulado para contestar la demanda, donde podrá presentar sus argumentos o pruebas que justifiquen su posición, ya sea aceptando o impugnando la deuda.

4. Audiencia: En muchos casos, se llevará a cabo una audiencia en la que ambas partes (acreedor y deudor) expondrán sus argumentos ante el juez. Durante esta audiencia, se pueden presentar pruebas adicionales y testigos que respalden los argumentos de cada parte.

5. Sentencia: Después de evaluar la evidencia y escuchar a ambas partes, el juez emitirá una sentencia, que puede declarar la deuda exigible y ordenar al deudor que pague el monto adeudado, junto con intereses y costas judiciales, si corresponde.

Consecuencias de la Reclamación Judicial

Si el juez falla a favor del acreedor, esto puede tener diversas implicaciones para el deudor:

- Ejecutoria de la Sentencia: Si el deudor no paga la suma ordenada, el acreedor puede solicitar la ejecución de la sentencia, lo que podría resultar en el embargo de bienes o cuentas bancarias.

- Impacto en el Historial Crediticio: Un fallo en contra del deudor puede afectar negativamente su historial de crédito, dificultando futuras transacciones financieras.

Consideraciones Importantes

- Asesoría Legal: Es fundamental que los acreedores busquen asesoría legal antes de iniciar un procedimiento judicial, para asegurarse de que sus reclamaciones estén correctamente fundamentadas.

- Negociación: En muchos casos, es recomendable intentar negociar un acuerdo de pago antes de recurrir a la vía judicial, lo que podría evitar un proceso prolongado y costoso.

- Conocimiento de Derechos: Tanto acreedores como deudores deberían conocer sus derechos y obligaciones bajo la ley, ya que esto les permitirá tomar decisiones informadas y proteger sus intereses durante el proceso de reclamación.

Conclusión

La reclamación de deudas a través del sistema judicial en México es un recurso valioso para los acreedores que buscan hacer valer sus derechos. Comprender el procedimiento legal, así como las alternativas disponibles, es esencial para navegar de manera efectiva por este proceso. Al promover la comunicación y el entendimiento entre acreedores y deudores, se pueden encontrar soluciones más satisfactorias y colaborar en la recuperación de las deudas de manera justa y equitativa.

La responsabilidad civil es un principio fundamental del derecho que establece la obligación de reparar daños causados a otro, ya sea por acción u omisión. Debido a su naturaleza, la responsabilidad civil juega un papel crucial en el funcionamiento de las relaciones sociales y comerciales, ya que busca garantizar que las personas asuman las consecuencias de sus actos.

 Concepto de Responsabilidad Civil

La responsabilidad civil se refiere a la obligación legal que tiene una persona (responsable) de reparar los daños que causa a otra (damnificado) a través de su conducta. Esto puede surgir de situaciones contractuales (responsabilidad civil contractual) o de actos ilícitos que no requieren de un contrato (responsabilidad civil extracontractual o aquiliana).

La responsabilidad civil por daños y perjuicios se presenta cuando se producen lesiones, daños a la propiedad o pérdidas económicas que deben ser indemnizadas por el responsables.

Tipos de Responsabilidad Civil

1. Responsabilidad Civil Contractual: Surge cuando una de las partes en un contrato no cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, si un proveedor no entrega un producto conforme a lo acordado y causa pérdidas al comprador, este último puede reclamar daños y perjuicios.

2. Responsabilidad Civil Extracontractual: También conocida como responsabilidad aquiliana, se produce cuando una persona causa daño a otra fuera del marco de un contrato. Esto incluye accidentes de tráfico, lesiones físicas, daños a propiedades, entre otros.

Requisitos para la Responsabilidad Civil

Para que se pueda establecer la responsabilidad civil por daños y perjuicios, generalmente deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. Conducta del Responsable: Debe demostrarse que el responsable actuó de manera negligente, dolosa o incumplió con una obligación que causó daño. Esta conducta puede ser una acción directa o una omisión.

2. Daño Causado: Es esencial que exista un daño real, el cual puede ser físico, material o moral. El damnificado debe demostrar la existencia y el impacto del daño sufrido.

3. Nexo Causal: Debe establecerse un vínculo directo entre la conducta del responsable y el daño causado. Esto implica que el daño no hubiera ocurrido si no hubiera sido por la acción u omisión del responsable.

4. Ilícito: En el caso de responsabilidad civil extracontractual, la actuación que causó el daño debe ser ilícita. Esto significa que contraviene la ley o normas establecidas.

Indemnización por Daños y Perjuicios

Una vez que se ha establecido la responsabilidad civil, el siguiente paso es determinar la indemnización por daños y perjuicios. Esta puede incluir:

- Daños Materiales: Reparación de bienes dañados o pérdida de ingresos.

- Daños Morales: Compensación por el sufrimiento emocional o psicológico causado.

- Daños Punitivos: En algunos casos, se pueden solicitar daños adicionales como una forma de castigo al responsable y prevenir conductas similares en el futuro.

Conclusiones

La responsabilidad civil por daños y perjuicios es un aspecto clave del derecho que protege a los individuos y fomenta la convivencia pacífica en la sociedad. Al exigir que las personas asuman la responsabilidad por sus actos, se establece un mecanismo de reparación que ayuda a mitigar el impacto de los daños causados.

Es importante que tanto los responsables como los damnificados comprendan sus derechos y obligaciones en estos casos, así como los procedimientos legales a seguir. Recurrir a la asesoría legal apropiada para navegar por los aspectos técnicos de cada caso puede asegurar que se obtenga la justicia adecuada y que se protejan los intereses de todas las partes involucradas.

La herencia es un tema que afecta a muchas familias y que, a menudo, genera confusión y conflictos. En México, el proceso de herencia y sucesión está regulado por el Código Civil y se basa en principios que buscan garantizar el derecho de los herederos y la adecuada transmisión del patrimonio del causante (persona fallecida). Este artículo abordará los aspectos clave relacionados con las herencias y sucesiones en México, así como el procedimiento legal involucrado.

 Conceptos Fundamentales

- Herencia: Es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona a sus herederos después de su fallecimiento.

- Sucesión: Es el proceso legal a través del cual se efectúa la transmisión de la herencia.

Tipos de Herencia

En México, la herencia se puede clasificar en:

1. Herencia Testada: Ocurre cuando el fallecido deja un testamento que establece cómo deben ser distribuidos sus bienes. El testamento debe cumplir con los requisitos legales establecidos en el Código Civil.

2. Herencia Intestada: Se da cuando una persona fallece sin dejar un testamento. En este caso, la distribución de la herencia se realiza de acuerdo con las reglas de intestabilidad previstas en el Código Civil, que establece un orden entre los posibles herederos.

Sucesión Testamentaria e Intestamentaria

- Sucesión Testamentaria: Se realiza conforme a la voluntad expresada en el testamento. Es fundamental que el testamento cumpla con los requisitos legales para que sea válido y ejecutable.

- Sucesión Intestamentaria: Se aplica cuando no hay testamento. Los bienes se repartirán de acuerdo con las normas del Código Civil que establecen quiénes son

Procedimiento de Sucesión

El procedimiento para llevar a cabo una sucesión en México generalmente implica varios pasos:

1. Apertura de la Sucesión: Se debe presentar la solicitud de sucesión ante un juez o notario público, aportando la documentación necesaria, como el acta de defunción, el testamento (si existe) y los documentos que acrediten la relación familiar con el causante.

2. Inventario y Avalúo de Bienes: Se realiza un inventario de todos los bienes y deudas del fallecido. Esta etapa es crucial para determinar el valor de la herencia.

3. Determinación de Herederos: El juez o notario determina quiénes son los herederos, ya sea de acuerdo con el testamento o conforme a las reglas de intestabilidad.

4. Resolución de Conflictos: Si surgen conflictos entre los herederos durante la sucesión, se puede solicitar la mediación del juez para resolver las diferencias.

5. Entrega de Bienes: Una vez concluido el procedimiento y pagadas las deudas, se procede a la entrega oficial de los bienes a los herederos.

Impuestos y Obligaciones

En México, las herencias están sujetas al Impuesto sobre la Renta, y los herederos pueden tener obligaciones fiscales que deben ser consideradas en el proceso de sucesión. Es recomendable consultar con un experto en derecho fiscal y sucesorio para asegurar que todos los requisitos legales se cumplan adecuadamente.

Consideraciones Finales

El proceso de herencias y sucesiones en México es fundamental para el correcto ordenamiento de los bienes y derechos de una persona fallecida. Conocer los derechos y obligaciones de los herederos, así como los procedimientos legales pertinentes, puede facilitar la transmisión del patrimonio y prevenir conflictos familiares.

Es aconsejable que las personas redacten un testamento claro y formal, lo que puede ayudar a evitar malentendidos y disputas posteriores. La asesoría legal en temas de herencias también es crucial, asegurando que se sigan los pasos necesarios para llevar a cabo el proceso con eficacia y de acuerdo con la ley.

El divorcio puede ser uno de los momentos más difíciles en la vida de una familia, especialmente cuando hay hijos menores involucrados. La custodia de los hijos es uno de los temas más sensibles y complejos que surgen durante el proceso de separación. Este artículo explorará los diferentes tipos de custodia y los factores que los jueces consideran al tomar decisiones sobre el bienestar de los menores.

Tipos de Custodia

La custodia de menores se puede clasificar en varias categorías, cada una con implicaciones distintas para la crianza y el bienestar del niño. Entre los tipos más comunes se encuentran:

1. Custodia Legal: Se refiere al derecho a tomar decisiones importantes sobre la vida del niño, como educación, salud y religión. Puede ser otorgada a uno de los padres (custodia legal exclusiva) o compartida entre ambos (custodia legal compartida).

2. Custodia Física: Se refiere al lugar donde reside el menor. Al igual que la custodia legal, puede ser exclusiva para uno de los padres o compartida. En la custodia compartida, el niño pasa tiempo significativo con ambos padres, de acuerdo con un calendario establecido.

3. Custodia Temporal: En algunos casos, un juez puede otorgar custodia temporal a uno de los padres durante el proceso de divorcio, antes de que se tome una decisión final sobre la custodia.

Factores Considerados por el Juez

Cuando se determina la custodia de los menores, el juez toma en cuenta varios factores, todos diseñados para servir al interés superior del niño. Algunos de estos factores pueden incluir:

- Relación del Niño con Cada Padre: El juez considerará la calidad de la relación que el menor tiene con cada uno de sus padres y qué entorno es más estable y seguro para su crecimiento emocional.

- Preferencias del Niño: Dependiendo de la edad y la madurez del niño, sus deseos pueden ser tomados en cuenta al decidir sobre la custodia.

- Estabilidad y Seguridad: El juez evaluará qué padre puede proporcionar un hogar más estable y seguro, teniendo en cuenta factores como la vivienda, el entorno escolar y la red de apoyo familiar.

- Capacidad de los Padres para Cooperar: La habilidad de los padres para comunicarse y trabajar juntos en beneficio del hijo es un factor crucial. La custodia compartida es más probable si ambos padres demuestran que pueden colaborar.

El Proceso Legal

El proceso legal para determinar la custodia comienza cuando se presenta una solicitud ante el tribunal. En muchos casos, ambas partes pueden intentar llegar a un acuerdo fuera de la corte, a través de mediación, lo que puede ser menos conflictivo y una opción más rápida. Sin embargo, si no se puede llegar a un acuerdo, el tribunal realizará una audiencia donde ambos padres podrán presentar su caso, y el juez tomará la decisión final basada en lo que considera el interés superior del menor.

Conclusión

El divorcio y la custodia de menores son temas intrincados que requieren un tratamiento cuidadoso y considerado. La seguridad y el bienestar de los niños deben ser la prioridad principal en cualquier decisión relacionada con la custodia. Es esencial que los padres estén informados sobre sus derechos y responsabilidades y que busquen asesoría legal para navegar por este proceso a menudo emocionalmente agotador.

Los litigios de propiedad en México representan un aspecto crítico del derecho inmobiliario, reflejando la complejidad y la diversidad de situaciones que pueden surgir en torno a la tenencia y uso de bienes inmuebles. Estos litigios pueden involucrar disputas sobre la titularidad de la propiedad, el cumplimiento de contratos, arrendamientos, o la resolución de conflictos entre vecinos, entre otros. Comprender las causas, procesos y posibles soluciones es esencial para cualquier persona o entidad que desee navegar por el sistema legal mexicano en este ámbito.

1. Causas Comunes de Litigios de Propiedad

Los litigios de propiedad pueden surgir por diversas razones, incluyendo:

- Disputas de Titularidad: Conflictos sobre quién es el propietario legítimo de un inmueble. Esto puede ocurrir por falta de claridad en la documentación, herencias no resueltas o fraudes en la transferencia de propiedad.

- Incumplimiento de Contratos: Problemas que surgen cuando una de las partes en un contrato de compra-venta, arrendamiento o hipoteca no cumple con los términos acordados. Esto puede incluir el no pago del alquiler o la negativa a entregar la propiedad.

- Despojo: Situaciones en las que una persona es despojada de su propiedad sin el debido proceso legal. Estos casos pueden ser especialmente complicados y a menudo involucran la intervención de las autoridades.

- Problemas de Servidumbres: Conflictos relacionados con el uso de terrenos adyacentes, como el derecho a pasar por una propiedad privada para acceder a otra.

- Conflictos Vecinales: Disputas entre propietarios o inquilinos sobre ruidos, límites de propiedad, mantenimiento de áreas comunes, entre otros.

2. Proceso de Litigio

El proceso de litigio en México puede ser largo y complejo, y generalmente sigue estos pasos:

- Consulta Legal: Es fundamental que las partes involucradas busquen asesoría legal desde el inicio. Un abogado especializado en derecho inmobiliario puede ayudar a evaluar la situación y determinar la mejor estrategia.

- Demanda: Si no se logra una solución amistosa, la parte afectada puede presentar una demanda ante el tribunal correspondiente. Esta demanda debe incluir pruebas y documentación que respalden la reclamación.

- Audiencias y Pruebas: El tribunal programará audiencias donde ambas partes podrán presentar sus argumentos y pruebas. Esto puede incluir testimonios, documentos y, en algunos casos, peritajes.

- Sentencia: Una vez que se han presentado todas las pruebas, el juez emitirá una sentencia que resolverá el litigio. Esta decisión puede ser apelada si alguna de las partes no está satisfecha con el resultado.

3. Alternativas al Litigio

Debido a la duración y los costos asociados con los litigios, muchas personas optan por métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como:

- Mediación: Un proceso en el que un tercero neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. La mediación puede ser menos costosa y más rápida que un litigio.

- Arbitraje: Un método en el que un árbitro toma una decisión vinculante para ambas partes. Este proceso es más formal que la mediación, pero generalmente más rápido que el litigio tradicional.

4. Impacto de los Litigios de Propiedad

Los litigios de propiedad pueden tener un impacto significativo en las partes involucradas, tanto emocional como económicamente. Además de los costos legales, los litigios pueden provocar tensiones familiares, problemas de reputación y, en algunos casos, la pérdida de la propiedad en cuestión. Por lo tanto, es crucial abordar estas disputas con la mayor seriedad y profesionalismo.

5. Conclusión

Los litigios de propiedad en México son un fenómeno que refleja la complejidad del marco legal y social en el país. Comprender las causas comunes, el proceso de litigio y las alternativas disponibles puede ayudar a las partes a manejar estas situaciones de manera más efectiva. La asesoría legal es fundamental para navegar por este laberinto, garantizando que los derechos de los involucrados sean protegidos y que se busquen soluciones justas. En última instancia, la prevención, a través de un adecuado asesoramiento legal y la claridad en los contratos, puede ser la mejor estrategia para evitar futuros conflictos relacionados con la propiedad.

El incumplimiento de contrato es una de las razones más comunes por las cuales se inician acciones legales en el ámbito civil. Cada vez que dos o más partes llegan a un acuerdo formal, establecen un compromiso que debe ser respetado. Cuando alguna de las partes no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato, esto puede llevar a disputas significativas que, en última instancia, podrían requerir la intervención del sistema judicial.

Marco Legal del Incumplimiento de Contrato

En México, los juicios por incumplimiento de contrato están regulados por el Código Civil. Este código establece las normas y procedimientos que deben seguirse en caso de que una parte no cumpla con sus obligaciones contractuales. Según el código, el incumplimiento puede ser total o parcial y puede dar lugar a diversas acciones legales, desde la exigencia del cumplimiento hasta la reclamación de daños y perjuicios.

 Causas Comunes de Incumplimiento

Existen diversas razones por las cuales se puede producir un incumplimiento de contrato, tales como:

- Falta de Pago: En contratos comerciales, la falta de pago es una de las causas más comunes de incumplimiento.

- Calidad o Entrega Incorrecta: En contratos de suministro, un incumplimiento puede ocurrir si los bienes o servicios entregados no cumplen con las especificaciones acordadas.

- Imposibilidad de Cumplimiento: A veces, circunstancias fuera del control de una de las partes pueden impedir que se cumplan las obligaciones.

Procedimiento Judicial por Incumplimiento de Contrato

El proceso para iniciar un juicio por incumplimiento de contrato generalmente sigue una serie de pasos:

1. Presentación de la Demanda: El actor (parte que inicia el juicio) presenta una demanda ante el juez competente, indicando las razones del incumplimiento y aportando pruebas que respalden sus reclamaciones.

2. Notificación a la Parte Demandada: Una vez aceptada la demanda, el tribunal debe notificar a la parte demandada sobre el juicio en su contra, dándole la oportunidad de responder.

3. Audiencia de Conciliación: En muchos casos, se programa una audiencia de conciliación donde las partes son alentadas a llegar a un acuerdo sin proceder a un juicio.

4. Desarrollo del Proceso: Si no se alcanza un acuerdo, se lleva a cabo el juicio. Ambas partes presentan sus pruebas y argumentos, y el juez evalúa la legalidad del incumplimiento.

5. Sentencia: Finalmente, el juez emite una resolución. Si se declara a favor del actor, podrá ordenar el cumplimiento del contrato o, en su defecto, conceder daños y perjuicios.

Importancia de los Juicios por Incumplimiento

Los juicios por incumplimiento de contrato son fundamentales para el mantenimiento del orden en las relaciones comerciales y civiles. Permiten a las partes afectadas buscar justicia y protección de sus derechos, fomentando un entorno de confianza y respeto en el cumplimiento de los acuerdos.

Además, estos juicios sirven como un medio para disuadir el incumplimiento de contrato, al establecer consecuencias legales que refuercen la importancia de cumplir con las obligaciones acordadas.

 Conclusión

El incumplimiento de contrato puede generar tensiones significativas y repercusiones legales. Comprender el proceso judicial relacionado con el incumplimiento es crucial tanto para los acreedores como para los deudores. Al tomar medidas adecuadas y contar con asesoría legal, las partes involucradas pueden proteger sus intereses y manejar adecuadamente cualquier disputa que surja. En última instancia, un sistema de justicia efectivo en materia de incumplimiento de contratos contribuye a la estabilidad y el crecimiento económico en la sociedad.

El divorcio es, sin duda, uno de los eventos más significativos y desafiantes que una persona puede experimentar. En este contexto, se hace necesario contar con las herramientas y conocimientos adecuados para navegar por este proceso con confianza y claridad. Es aquí donde entra en juego el libro “El Divorcio y su Procedimiento,” una obra integral que ofrece un análisis profundo y accesible sobre todo lo que debes saber acerca del divorcio en México.

Un Recorrido a Través del Proceso del Divorcio

Este libro aborda el divorcio desde múltiples perspectivas. Comenzando con una revisión de la historia del matrimonio y su evolución, el autor explora las causas sociales y psicológicas que pueden llevar a una pareja a considerar la separación. Mediante un enfoque amable y empático, se invita a los lectores a reflexionar sobre la importancia del bienestar familiar y el impacto que el divorcio puede tener en los hijos.

Información Práctica y Relevante

Lo que hace a “El Divorcio y su Procedimiento” especialmente valioso es que no se limita a una discusión teórica. El libro guía a los lectores a través del proceso legal, proporcionando herramientas prácticas que permiten comprender los derechos y responsabilidades de cada parte. Desde el escrito inicial de demanda hasta las audiencias, cada etapa del proceso es desglosada de manera clara, ayudando a los lectores a estar mejor preparados y a tomar decisiones informadas.

Empoderamiento y Esperanza

Más allá de la simple información legal, la obra promueve un mensaje de empoderamiento. El autor enfatiza que el divorcio no tiene que ser el final, sino una oportunidad para el crecimiento personal y la reconstrucción. Con estrategias para enfrentar la separación de manera constructiva y el fomento del diálogo y la mediación, el libro aspira a equipar a los individuos con el conocimiento necesario para transformar el conflicto en una nueva oportunidad.

Conclusión

“El Divorcio y su Procedimiento” es una lectura esencial para cualquier persona que esté considerando el divorcio o que busque comprender las dinámicas legales y emocionales que lo rodean. Con su enfoque integral y práctico, este libro se convierte en un aliado invaluable en un momento de cambio y transformación. 

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El procedimiento administrativo en México es un conjunto de normas y reglas que regulan la actuación de la administración pública en la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos. Este procedimiento es esencial para garantizar la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de los administrados en sus interacciones con el gobierno.

Marco Legal del Procedimiento Administrativo

El procedimiento administrativo en México está principalmente regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo Federal y puede variar a nivel estatal. Esta legislación establece los principios rectores que deben seguir todas las entidades gubernamentales al llevar a cabo acciones administrativas, garantizando que los procedimientos sean justos y equitativos.

 Principios del Procedimiento Administrativo

El marco legal del procedimiento administrativo se basa en varios principios fundamentales:

1. Legalidad: Todas las acciones administrativas deben ajustarse estrictamente a la ley. Los organismos públicos no pueden actuar de manera arbitraria o sin fundamento legal.

2. Transparencia: La administración pública debe llevar a cabo sus actividades de manera abierta, permitiendo a los ciudadanos el acceso a la información relevante sobre los procedimientos que les afectan.

3. Publicidad: Los actos administrativos y su contenido deben ser comunicados a los interesados y, en ciertos casos, al público en general.

4. Economía y Celeridad: Los procedimientos deben ser claros y realizados en tiempos razonables para evitar demoras innecesarias.

5. Para el Bien de los Interesados: La administración debe tener en cuenta el interés de los ciudadanos y buscar el bienestar general en sus decisiones.

Fases del Procedimiento Administrativo

El procedimiento administrativo generalmente se desarrolla en varias etapas:

1. Iniciación: El procedimiento puede iniciarse de forma de oficio por la autoridad administrativa o a solicitud de un particular. Las solicitudes de los ciudadanos deben ser presentadas por la vía correspondiente, acompañadas de la documentación necesaria.

2. Instrucción: En esta fase, se recogen pruebas, se realizan diligencias y se analizan los argumentos presentados por las partes. La autoridad deberá garantizar el derecho de audiencia de los interesados.

3. Decisión: La autoridad administrativa emite un acto administrativo que puede aprobar o denegar la solicitud, así como imponer sanciones, conceder permisos o resolver sobre cualquier otro asunto.

4. Notificación: La decisión debe ser comunicada a las partes interesadas, asegurando que comprendan el resultado del procedimiento y los plazos para su impugnación si fuera el caso.

5. Recursos: Los ciudadanos tienen derecho a impugnar ante instancias superiores la decisión administrativa que les afecte, lo que permite que la actuación del gobierno sea revisada y corregida si es necesario.

 Importancia del Procedimiento Administrativo

El procedimiento administrativo es crucial para el funcionamiento de un estado de derecho, proporcionando a los ciudadanos un marco para interactuar con la administración pública. Este procedimiento no solo busca regular las actividades del gobierno, sino que también protege los derechos de los ciudadanos al proporcionar mecanismos adecuados para cuestionar decisiones que afecten sus intereses.

Conclusión

El procedimiento administrativo en México es un pilar fundamental para garantizar la legalidad y la justicia en las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno. Con un marco legal sólido y principios que promueven la transparencia y la equidad, este procedimiento se convierte en una herramienta vital para el fortalecimiento de la democracia y la confianza pública en las instituciones. Conocer estos procedimientos y sus derechos es esencial para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente su papel en la administración pública.

El juicio contencioso administrativo es un mecanismo clave dentro del sistema jurídico mexicano que permite a los ciudadanos impugnar actos de autoridad administrativa que consideren injustos o ilegales. Este tipo de juicio está diseñado para proteger los derechos de los particulares frente a la administración pública, garantizando así el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos.

Marco Legal y Estructura

El juicio contencioso administrativo en México se encuentra regulado por la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil Federal. Este marco legal establece las normas y procedimientos que deben seguirse para la impugnación de actos de las autoridades administrativas, así como los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

El juicio se lleva a cabo ante los tribunales de lo contencioso administrativo, que son instancias especializadas encargadas de resolver los conflictos que surgen entre la administración pública y los particulares. Estos tribunales están presentes en diversas entidades federativas y tienen la responsabilidad de asegurar que las decisiones administrativas cumplan con la legalidad.

Causas de Impugnación

Los ciudadanos pueden recurrir al juicio contencioso administrativo para impugnar una amplia variedad de actos administrativos, tales como:

- Multas y Sanciones: Cuando una autoridad impone una multa o sanción que el particular considera injusta o no fundamentada.

- Decisiones de Licencias o Permisos: Negativas o revocaciones en la concesión de licencias o permisos necesarios para el ejercicio de actividades económicas o profesionales.

- Actos de Procedimiento Administrativo: Cualquier decisión o medida adoptada por una autoridad en el marco de un procedimiento administrativo que afecte los derechos del administrado.

Procedimiento del Juicio Contencioso Administrativo

El procedimiento para iniciar un juicio contencioso administrativo implica varios pasos esenciales:

1. Interposición de la Demanda: El interesado debe presentar una demanda ante el tribunal correspondiente, especificando el acto administrativo impugnado y los argumentos que justifiquen la impugnación.

2. Admisión de la Demanda: Una vez presentada, el tribunal revisa la demanda y decide si cumple con los requisitos legales para proceder.

3. Notificación a la Parte Demandada: La autoridad que emitió el acto impugnado es notificada para que pueda presentar su contestación.

4. Desarrollo del Proceso: Ambas partes presentan sus pruebas y alegaciones, y el tribunal evalúa la legalidad del acto administrativo en cuestión.

5. Sentencia: Finalmente, el tribunal emite una resolución que puede confirmar, revocar o modificar el acto impugnado.

Importancia del Juicio Contencioso Administrativo

El juicio contencioso administrativo es fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos en México. Permite un control sobre la legalidad de las actuaciones administrativas y promueve la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Además, fortalece la confianza en las instituciones y favorece un estado de derecho en el país.

Este tipo de juicio refuerza los principios de justicia y equidad en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, asegurando que las decisiones administrativas no sean arbitrarias y respeten los derechos fundamentales de las personas.

Conclusiones

El juicio contencioso administrativo en México es una herramienta esencial que garantiza la protección de los derechos de los particulares frente a la administración pública. Al proporcionar un canal legal para impugnar actos administrativos, este sistema no solo promueve la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, sino que también fomenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es, por lo tanto, crucial que los ciudadanos conozcan sus derechos y los mecanismos legales que tienen a su disposición para defenderlos.

La pensión alimenticia es un tema de gran importancia en el ámbito familiar, especialmente cuando se trata de la protección de los derechos de los menores. En el Estado de México, el juicio de pensión alimenticia es un proceso legal que busca garantizar que los padres cumplan con su obligación de proporcionar alimentos a sus hijos.

¿Qué es el juicio de pensión alimenticia?

El juicio de pensión alimenticia es un proceso judicial que se inicia cuando uno de los padres solicita que el otro padre pague una pensión alimenticia para el sustento de sus hijos. Este proceso se rige por la Ley de Asistencia Social para el Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.

Requisitos para iniciar un juicio de pensión alimenticia

Para iniciar un juicio de pensión alimenticia en el Estado de México, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser padre o madre de los menores.

2. Tener la custodia de los menores.

3. No recibir alimentos de parte del otro padre.

4. Presentar una demanda ante el Juez de lo Familiar competente.

Proceso del juicio de pensión alimenticia

El proceso del juicio de pensión alimenticia en el Estado de México se desarrolla de la siguiente manera:

1. Presentación de la demanda: El padre o madre que solicita la pensión alimenticia presenta una demanda ante el Juez de lo Familiar competente.

2. Notificación al demandado: El demandado es notificado de la demanda y se le da un plazo para responder.

3. Audiencia: Se celebra una audiencia en la que se escuchan los argumentos de ambas partes.

4. Sentencia: El Juez emite una sentencia en la que se determina si se concede o no la pensión alimenticia.

5. Apelación: Si alguna de las partes no está de acuerdo con la sentencia, puede apelar ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Importancia del juicio de pensión alimenticia

El juicio de pensión alimenticia es un proceso importante para proteger los derechos de los menores. La pensión alimenticia es una obligación que tienen los padres de proporcionar alimentos a sus hijos, y este proceso judicial busca garantizar que se cumpla con esta obligación.

En conclusión, el juicio de pensión alimenticia es un proceso legal importante que busca proteger los derechos de los menores en el Estado de México. Es importante que los padres cumplan con su obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, y este proceso judicial es una herramienta para garantizar que se cumpla con esta obligación.

El derecho penal en México es un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas consideradas delitos y las sanciones aplicables a quienes los cometen. Este sistema tiene como objetivo principal la protección de la sociedad, el mantenimiento del orden público, y la aplicación de justicia para aquellos que infringen la ley.

 Marco Legal

El derecho penal en México se encuentra estructurado principalmente en el Código Penal Federal, que establece las conductas delictivas y sus penas, así como disposiciones para los procesos penales. Además, cada estado de la República Mexicana tiene su propio código penal, que complementa y especifica la legislación federal, adaptándose a las particularidades locales.

Principios del Derecho Penal

México se rige por varios principios fundamentales en su sistema penal:

- Legalidad: No hay delito ni pena sin una ley previa que los defina. Este principio, conocido como "nullum crimen, nulla poena sine lege," asegura que las personas no puedan ser castigadas por actos que no estaban clasificados como delitos en el momento en que se cometieron.

- Presunción de Inocencia: Cualquier persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, un derecho que protege a los individuos frente a abusos del sistema judicial.

- Proporcionalidad: Las penas impuestas deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido, evitando sanciones desmedidas que no correspondan al tipo de infracción.

Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Desde 2016, México ha implementado un sistema de justicia penal acusatorio, que busca garantizar juicios más justos y eficientes. Este modelo se centra en el respeto de los derechos humanos, la transparencia y la participación activa de las víctimas en el proceso penal. A diferencia del antiguo sistema, que era casi exclusivamente escrito y de carácter inquisitivo, el nuevo sistema permite que los juicios se realicen de manera oral, promoviendo la presentación de pruebas en audiencias públicas.

Retos del Derecho Penal en México

A pesar de los avances legislativos y administrativos, el sistema de derecho penal en México enfrenta varios desafíos. La impunidad, la corrupción y la falta de recursos son problemas persistentes que afectan la eficacia de la administración de justicia. Además, el elevado índice de criminalidad, particularmente en temas relacionados con el narcotráfico, la violencia de género y los delitos contra la libertad, pone a prueba la capacidad del sistema penal para responder adecuadamente.

Conclusión

El derecho penal en México es una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen y la promoción de un orden social justo. A medida que el país avanza en la implementación de reformas y en la adaptación de su sistema judicial, es vital seguir trabajando hacia un marco que priorice tanto la justicia como los derechos humanos de todos los ciudadanos. Con un enfoque en la eficienciay el respeto de la ley, México puede construir un sistema penal que responda a las necesidades de su sociedad en constante cambio.

Introducción

El derecho notarial en México se refiere al conjunto de normas y principios que rigen la actividad de los notarios públicos, quienes desempeñan un papel fundamental en la formalización de actos jurídicos y en la seguridad jurídica de las transacciones. Este sistema es esencial para garantizar la validez y eficacia de los documentos públicos y privados en el país.

Marco Legal

El derecho notarial en México se fundamenta principalmente en la Ley del Notariado, la cual varía ligeramente de un estado a otro, ya que cada entidad federativa tiene su propio marco normativo. Esta ley establece los requisitos, funciones y atribuciones de los notarios, así como los procedimientos que deben seguirse para la elaboración y protocolización de documentos notariales.

Funciones del Notario

Los notarios públicos en México tienen varias funciones claves, entre las cuales se destacan:

1. Autenticación de Documentos: Los notarios tienen la autoridad para dar fe de la autenticidad de las firmas y documentos, lo que proporciona un alto grado de seguridad y confianza en las transacciones.

2. Asesoría Jurídica: Aunque su función principal es actuar como fedatarios, los notarios también pueden ofrecer asesoría en materia legal, ayudando a las partes a entender las implicaciones de los actos que van a realizar.

3. Protocolización de Actos Jurídicos: Los notarios redactan y formalizan actos jurídicos como escrituras, testamentos, poderes, entre otros, asegurando que cumplan con las disposiciones legales pertinentes.

Importancia del Derecho Notarial

El derecho notarial juega un papel crucial en la sociedad mexicana al contribuir a la seguridad jurídica. La intervención del notario público proporciona certeza y protección ante posibles disputas legales, dado que los documentos notariales tienen presunción de veracidad. Esto es especialmente relevante en casos de compraventas, herencias y otros actos que requieren un respaldo formal y legal.

Desafíos Actuales

Uno de los desafíos que enfrenta el derecho notarial en México es la necesidad de modernización. Con la creciente digitalización de servicios y el uso de tecnología en el ámbito legal, hay un impulso hacia la implementación de notarías electrónicas. Esto podría aumentar la eficacia y accesibilidad de los servicios notariales, al tiempo que se garantiza la seguridad y validez de los actos jurídicos a través de nuevas herramientas tecnológicas.

Conclusión

El derecho notarial en México es un componente esencial del sistema jurídico que asegura la legalidad y formalidad de los actos jurídicos. A medida que el país avanza hacia la digitalización, es fundamental adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder de vista la importancia de la función del notario público como garante de la seguridad jurídica. La modernización del notariado puede ofrecer oportunidades significativas para mejorar los servicios y proteger los derechos de los ciudadanos.

El derecho migratorio en México es un conjunto de normas y principios que regulan la entrada, estancia, salida y condición de los migrantes en el país. En un contexto global caracterizado por el aumento de la movilidad humana, México se enfrenta a retos significativos relacionados con la migración, tanto de nacionales que buscan oportunidades en el extranjero como de extranjeros que buscan refugio o una mejor calidad de vida en el territorio mexicano.

Marco Legal

El marco legal que sustenta el derecho migratorio en México se encuentra principalmente en la Ley de Migración, promulgada en 2011, que establece los derechos y obligaciones de los migrantes y de las autoridades migratorias. Además, México es parte de convenios internacionales que protegen los derechos de los migrantes, incluyendo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familias.

Derechos del Migrante

La Ley de Migración garantiza a los migrantes diversos derechos, tales como el respeto a su dignidad, el derecho a trabajar, acceder a servicios de salud y educación. La protección de los derechos humanos de los migrantes es un aspecto central del marco migratorio, especialmente ante situaciones de vulnerabilidad, como los desplazamientos forzados por violencia o desastres naturales.

Desafíos actuales

Uno de los principales desafíos del derecho migratorio en México es la administración de flujos migratorios complejos y diversos. Esto incluye el manejo de la migración irregular y la necesidad de proteger a aquellos que huyen de situaciones de violencia o persecución. Asimismo, las políticas migratorias deben equilibrar el control de fronteras con el respeto a los derechos humanos.

Conclusión

El derecho migratorio en México sigue evolucionando ante nuevos retos y necesidades. Es esencial que las políticas y prácticas migratorias se orienten hacia la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas migrantes, asegurando que el país pueda responder adecuadamente a los desafíos internos y externos relacionados con la migración.

El derecho mercantil es la rama del derecho que regula las actividades comerciales, las relaciones entre comerciantes y el funcionamiento de las sociedades mercantiles. En México, esta disciplina es esencial para fomentar el comercio y garantizar un entorno legal adecuado que promueva el desarrollo económico del país.

Marco Normativo

La regulación del derecho mercantil en México se basa principalmente en el Código de Comercio, promulgado en 1884, que establece las disposiciones fundamentales relacionadas con las actividades comerciales. Este código abarca diversas áreas, como los contratos mercantiles, la propiedad industrial, los títulos de crédito, las sociedades mercantiles, y los procedimientos para la quiebra e insolvencia.

Además del Código de Comercio, existen otras leyes complementarias que influyen en el derecho mercantil, como la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Protección al Consumidor. Estas normativas buscan asegurar la transparencia y la competencia leal en el mercado.

Importancia del Derecho Mercantil

El derecho mercantil es crucial para proporcionar un marco que garante la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. A través de la regulación de contratos y sociedades, establece derechos y obligaciones claras para las partes involucradas, previniendo disputas y promoviendo la confianza entre comerciantes.

Asimismo, el derecho mercantil facilita el establecimiento y funcionamiento de sociedades, permitiendo a las empresas expandir sus operaciones, atraer inversiones y contribuir al crecimiento económico. Las diferentes formas jurídicas de organizaciones comerciales, como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, ofrecen flexibilidad y protección a los emprendedores.

Desafíos Actuales

Pese a su relevancia, el derecho mercantil en México enfrenta varios desafíos. Uno de los principales problemas es la informalidad en el comercio, donde un número significativo de pequeñas y medianas empresas (pymes) opera sin la debida constitución legal, limitando su acceso a financiamiento y a incentivos fiscales.

La corrupción y la burocracia son también obstáculos que inciden negativamente en el desarrollo de un ambiente empresarial favorable. La necesidad de simplificar y modernizar los trámites administrativos es imperativa para fomentar la inversión y mejorar la competitividad.

Además, la globalización y los avances tecnológicos exigen que las empresas se adapten a un panorama comercial en constante cambio y a regulaciones internacionales, lo que representa un reto para el marco jurídico existente.

Conclusión

El derecho mercantil en México es una herramienta fundamental que regula las relaciones comerciales y proporciona seguridad jurídica en el ámbito empresarial. A través de un marco normativo sólido y adaptado a las necesidades del mercado, busca promover el desarrollo económico y facilitar la competencia leal. Sin embargo, es vital abordar los desafíos actuales para fortalecer este campo del derecho y asegurar un entorno propicio para el crecimiento de las empresas en el país.

El derecho de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) es una rama del derecho corporativo que se ocupa de la reestructuración empresarial mediante la fusión de empresas o la adquisición de una empresa por otra. En México, este derecho es fundamental para el dinamismo del mercado y la competitividad de las empresas, especialmente en un contexto económico globalizado.

Marco Normativo

En México, las fusiones y adquisiciones están reguladas por diversas leyes y normativas que buscan garantizar la transparencia y la competencia leal entre las empresas. La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) es una de las principales leyes que supervisan estas transacciones, ya que establece que las concentraciones empresariales que puedan generar efectos en la competencia deben ser notificadas y, en algunos casos, autorizadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Además de la LFCE, otras normativas, como la Ley del Mercado de Valores y el Código Civil Federal, también juegan un papel importante en la regulación de operaciones de M&A, especialmente para aquellas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Proceso de Fusiones y Adquisiciones

El proceso de fusiones y adquisiciones generalmente incluye varias etapas, que van desde la negociación inicial y la due diligence (o debida diligencia) hasta la firma del acuerdo y la obtención de los permisos necesarios. La fase de due diligence es crucial, ya que permite a la empresa compradora evaluar la situación financiera, legal y operativa de la empresa objetivo, identificando así posibles riesgos y obligaciones.

Una vez que se concluyen estas etapas, se lleva a cabo la formalización del acuerdo, que puede implicar la elaboración de contratos complejos y la búsqueda de financiamiento. La adecuada asesoría legal y financiera es fundamental para garantizar que las transacciones cumplan con todas las normativas y se realicen de forma eficiente.

Tendencias y Desafíos

El mercado de fusiones y adquisiciones en México ha mostrado un crecimiento notable en las últimas décadas, impulsado por la liberalización económica y el interés creciente de inversionistas extranjeros. Sin embargo, el entorno actual también presenta desafíos, como el aumento de la competencia global y la incertidumbre económica.

Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha impactado el proceso de fusiones y adquisiciones, haciendo que las empresas reconsideren sus estrategias y busquen oportunidades en mercados emergentes y sectores en auge, como la tecnología y la salud.

Conclusión

El derecho de fusiones y adquisiciones en México es un elemento clave para el crecimiento y la competitividad de las empresas en un mercado en constante evolución. Con un marco normativo sólido que busca promover la competencia y la transparencia, las empresas deben estar preparadas para enfrentar los retos y oportunidades que surgen en este ámbito. La adecuada asesoría legal y la comprensión de las tendencias del mercado son fundamentales para llevar a cabo transacciones exitosas que generen valor y sostenibilidad a largo plazo.

El derecho internacional es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los Estados y otros actores internacionales. En el caso de México y España, la relación bilateral se basa en una rica historia compartida y un marco jurídico que promueve la cooperación en diversos ámbitos, incluyendo el comercio, la cultura y los derechos humanos.

Marco Normativo y Relaciones Históricas

Las relaciones entre México y España tienen profundas raíces históricas, que se remontan a la época colonial. Sin embargo, el establecimiento de relaciones diplomáticas modernas se formalizó en el siglo XIX, y desde entonces, ambos países han mantenido una constante interacción en el ámbito internacional.

El derecho internacional que regula esta relación se manifiesta a través de diversos tratados y convenios, tales como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, del cual España es un miembro clave. Este tratado busca promover el comercio bilateral, facilitar la inversión y fomentar la cooperación económica. Además, convenios bilaterales en áreas como defensa, cultura, educación y medio ambiente han sido establecidos para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

Cooperación en Derechos Humanos y Cultura

En el contexto de derechos humanos, México y España han colaborado en diversas iniciativas para promover y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La cooperación se extiende a la promoción de la cultura, donde ambos países han desarrollado programas que fomentan el intercambio cultural y educativo, promoviendo el entendimiento y la cercanía entre sus poblaciones.

Además, España ha sido un importante socio en la ayuda al desarrollo en México, apoyando proyectos en áreas como la educación, la salud y la sostenibilidad ambiental. Esta colaboración resalta el compromiso de ambos países en trabajar juntos para enfrentar desafíos globales y locales, como el cambio climático y la migración.

Desafíos y Perspectivas Futuras

A pesar de la sólida relación bilateral, también existen desafíos que deben ser abordados. Cuestiones como la migración, la seguridad y la protección de derechos de los migrantes son relevantes en la agenda internacional entre México y España. Ambos países deben continuar trabajando en políticas que aborden estas problemáticas de manera conjunta y efectiva.

Además, en un mundo cada vez más interconectado, es crucial que México y España fortalezcan su cooperación en temas emergentes como la digitalización, la ciberseguridad y la innovación, adaptándose a las nuevas realidades globales.

Conclusión

El derecho internacional entre México y España refleja una relación histórica y dinámica que se manifiesta en diversos ámbitos, desde el comercio hasta la cultura y los derechos humanos. A medida que ambos países enfrentan retos globales, la colaboración y el respeto mutuo seguirán siendo fundamentales para fortalecer sus lazos y contribuir al desarrollo regional e internacional. Mantener y ampliar esta cooperación es clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI y seguir construyendo un futuro próspero y equitativo para ambas naciones.

El derecho inmobiliario es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas relacionadas con la propiedad y la transmisión de bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones que derivan de estos. En México, este campo del derecho es fundamental no solo para la seguridad de las transacciones inmobiliarias, sino también para el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible.

Marco Normativo

El derecho inmobiliario en México se fundamenta en diversas leyes y normativas, entre las cuales destacan el Código Civil Federal y las leyes locales que rigen cada entidad federativa. El Código Civil establece las disposiciones sobre propiedad, posesión, derechos reales, y otros conceptos esenciales que conforman el núcleo de las relaciones inmobiliarias.

Adicionalmente, la Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Urbano de cada estado son instrumentos clave que regulan el uso del suelo, la planificación urbana y el desarrollo de vivienda. Estas normativas buscan garantizar un desarrollo ordenado de las ciudades, equilibrando las necesidades de crecimiento con la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad.

Importancia del Derecho Inmobiliario

El derecho inmobiliario es esencial para asegurar la propiedad y la inversión en el sector de bienes raíces. Proporciona un marco legal para las compraventas, arrendamientos, hipotecas y otras transacciones relacionadas con inmuebles, ofreciendo seguridad jurídica a las partes involucradas. Esto permite que los propietarios puedan ejercer plenamente sus derechos sobre sus bienes y facilita la confianza en el mercado inmobiliario.

Además, el derecho inmobiliario juega un papel crucial en la regulación de desarrollos urbanos y proyectos de infraestructura, asegurando que las obras se realicen conforme a las normativas establecidas y respetando los derechos de los vecinos y comunidades afectadas.

Desafíos Actuales

A pesar de su importancia, el derecho inmobiliario en México enfrenta numerosos desafíos. Uno de los principales es la informalidad en la propiedad, donde muchas personas poseen terrenos sin títulos de propiedad claros, lo que genera conflictos y dificultades para el desarrollo. La falta de documentación adecuada también puede llevar a problemas de fraude y disputas legales.

La corrupción en los trámites relacionados con la compraventa y el desarrollo inmobiliario es otro obstáculo significativo. La transparencia en los procesos y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sector.

Asimismo, el crecimiento desmedido de las ciudades y el fenómeno de la urbanización descontrolada representan retos en términos de planeación urbana. Es indispensable establecer regulaciones que promuevan un desarrollo sostenible y que aseguren el acceso a vivienda digna para la población.

Conclusión

El derecho inmobiliario en México es un componente crucial del sistema jurídico y económico, regulando las relaciones relacionadas con la propiedad y el uso del suelo. A través de un marco normativo robusto, busca garantizar la seguridad de las transacciones inmobiliarias y promover un desarrollo urbano ordenado. Sin embargo, enfrentar los desafíos actuales es esencial para asegurar que el sector inmobiliario contribuya al bienestar social y al crecimiento sostenible del país.

El derecho fiscal es la rama del derecho público que regula las contribuciones que los ciudadanos y las empresas deben realizar al Estado, así como la administración y fiscalización de las mismas. En México, el derecho fiscal desempeña un papel crucial en el financiamiento de las instituciones y en el desarrollo de políticas públicas, siendo un elemento esencial para el funcionamiento del Estado y la garantía de servicios a la población.

Marco Normativo

El sistema jurídico fiscal en México se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de legalidad tributaria, lo que implica que ningún impuesto puede establecerse sin una ley que lo autorice. Esta disposición se complementa con la Ley de Ingresos de la Federación y el Código Fiscal de la Federación, que dotan de estructura y claridad a la recaudación de impuestos, así como a los derechos y obligaciones de los contribuyentes.

Además, cada entidad federativa cuenta con su propio marco regulatorio fiscal, lo que permite a los estados establecer sus propios impuestos, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación federal. Esto incluye impuestos sobre la nómina, predial, y otros tributos locales que ayudan a financiar servicios públicos y obras en la comunidad.

Principales Tipos de Impuestos

1. Impuesto sobre la Renta (ISR): Este impuesto grava los ingresos obtenidos por personas físicas y morales. Es uno de los principales ingresos para el Estado mexicano.

2. Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este es un impuesto indirecto que se aplica a la venta de bienes, servicios y arrendamientos, siendo un componente crucial de la recaudación fiscal.

3. Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS): Gravan la producción, venta e importación de ciertos productos considerados nocivos para la salud o el medio ambiente, como tabacos y bebidas alcohólicas.

4. Impuesto Predial: Un impuesto local que recae sobre la propiedad inmueble, administrado por las autoridades municipales en cada estado.

Importancia del Derecho Fiscal

El derecho fiscal es fundamental para el desarrollo social y económico del país. A través de la recaudación de impuestos, el Estado puede financiar educación, salud, infraestructura y otros servicios esenciales para la población. Además, el derecho fiscal contribuye a la redistribución de la riqueza, ayudando a disminuir las desigualdades sociales.

Desafíos Actuales

A pesar de su relevancia, el derecho fiscal en México enfrenta importantes desafíos. La evasión y elusión fiscal son problemas persistentes que afectan significativamente la capacidad del Estado para recaudar impuestos. Se estima que una parte considerable de la economía opera en la informalidad, lo que limita el acceso a recursos fiscales.

Además, la corrupción y la falta de transparencia en la administración fiscal también son obstáculos que deben ser enfrentados para mejorar la confianza de los contribuyentes y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La modernización del sistema tributario, que incluya la digitalización de procesos y una mayor educación fiscal, es vital para mejorar la recaudación y asegurar un sistema más justo y equitativo.

Conclusión

El derecho fiscal en México es un elemento clave en la estructura del Estado y en la garantía de servicios públicos a la población. A través de un marco normativo sólido, busca regular la tributación y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sin embargo, es fundamental abordar los retos actuales para fortalecer el sistema fiscal y asegurar que cumpla con su objetivo de promover el desarrollo sostenible y la equidad social.

El derecho familiar es una rama del derecho que se ocupa de las relaciones personales y patrimoniales que se establecen en el ámbito de la familia. En el Estado de México, el derecho familiar es fundamental para regular y proteger las dinámicas familiares, asegurando así el bienestar y los derechos de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables, como los menores y las mujeres.

Marco Normativo

El derecho familiar en el Estado de México está regido por el Código Civil del Estado de México, que establece las disposiciones relacionadas con el matrimonio, la convivencia en pareja, la filiación, la adopción, la patria potestad, y las cuestiones patrimoniales entre cónyuges y familiares. Este marco legal busca no solo regular las relaciones familiares, sino también proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Entre los temas abordados por el Código Civil, se incluye el régimen patrimonial del matrimonio, que puede ser de sociedad conyugal o separación de bienes, así como las normas relacionadas con la disolución del matrimonio, que permiten llevar a cabo un proceso de divorcio de manera ordenada y justa. Además, establece procedimientos para la custodia y el cuidado de los hijos en caso de separación o divorcio, priorizando siempre el interés superior del menor.

Importancia del Derecho Familiar

El derecho familiar es crucial porque establece las bases para la organización y funcionamiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. A través de la regulación de las relaciones familiares, se busca asegurar la protección de los derechos individuales y crear un entorno estable y seguro para los menores.

Asimismo, el derecho familiar permite la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar mediante mecanismos legales que facilitan la denuncia y ofrece medidas de protección. En este sentido, el Estado de México ha implementado diversas políticas y programas que fomentan la igualdad de género y la atención a la violencia familiar.

Desafíos Actuales

A pesar de su relevancia, el derecho familiar en el Estado de México enfrenta retos significativos. La violencia intrafamiliar y la falta de acceso a la justicia son problemas persistentes que afectan a muchas familias. La insuficiencia de recursos y el desconocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos son barreras que limitan la efectividad del marco legal.

Además, la necesidad de modernizar y adaptar las leyes familiares a las nuevas realidades sociales, como las distintas formas de convivencia y las dinámicas familiares contemporáneas, se convierte en una exigencia imperativa del derecho familiar. La inclusión de normas que reconozcan y protejan los derechos de diversas configuraciones familiares es indispensable para un enfoque completo y equitativo.

Conclusión

El derecho familiar en el Estado de México es esencial para la protección y regulación de las relaciones en el seno de la familia. A través de un marco legal robusto, se busca garantizar el bienestar y los derechos de todos sus integrantes. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos existentes para fortalecer la aplicación de este derecho y asegurar un entorno familiar seguro y justo para todos.

El derecho corporativo es una rama del derecho privado que regula las relaciones de los entes económicos, en particular, las actividades de las empresas y las sociedades mercantiles. En México, esta disciplina juega un papel esencial en el desarrollo y funcionamiento de la economía, proporcionando el marco legal que permite a las empresas operar, crecer y competir en un entorno globalizado.

Marco Normativo

El marco normativo del derecho corporativo en México se encuentra principalmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), que establece las reglas para la constitución, organización, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles en el país. Esta ley define diferentes tipos de sociedades, como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad cooperativa, cada una con características y requisitos específicos.

Adicionalmente, el derecho corporativo se complementa con otras leyes que regulan aspectos como la protección al consumidor, la propiedad intelectual, y las normas fiscales. Asimismo, las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) son fundamentales para las empresas que buscan cotizar en el mercado de valores.

Importancia del Derecho Corporativo

El derecho corporativo es crucial para el funcionamiento del sistema económico mexicano. Establece un marco ordenado que permite a las empresas operar de manera eficaz, garantizando la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión y el comercio. A través de la regulación de relaciones comerciales, contratos y obligaciones, el derecho corporativo también protege los intereses de los socios, empleados, y consumidores.

Además, el derecho corporativo promueve la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas, factores que son fundamentales para construir confianza en los mercados y para atraer inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Desafíos Actuales

A pesar de su importancia, el derecho corporativo en México enfrenta varios desafíos. La corrupción y la falta de transparencia en algunas prácticas empresariales pueden dificultar el desarrollo de un entorno equitativo y de confianza. Además, el fenómeno de la informalidad en el sector empresarial representa una barrera para el crecimiento y la competitividad, ya que muchas empresas operan sin un marco legal adecuado.

Por otro lado, la globalización ha llevado a las empresas a adaptarse a nuevos estándares internacionales, lo que exige una actualización constante de la legislación y la regulación corporativa. Las empresas mexicanas deben cumplir no solo con las normas locales, sino también con las exigencias de los mercados internacionales, lo que puede ser un reto significativo.

Conclusión

El derecho corporativo en México es esencial para el desarrollo económico del país y para el funcionamiento eficiente de las empresas. A través de la regulación adecuada de las relaciones empresariales, se busca fomentar un ambiente de confianza y seguridad jurídica que impulse la inversión y la innovación. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos existentes para fortalecer el marco legal y asegurar un desarrollo empresarial sostenible y equitativo.

El derecho constitucional es la rama del derecho que se ocupa del estudio y la interpretación de las normas fundamentales que rigen un Estado, garantizando los derechos y libertades de sus ciudadanos. En el Estado de México, esta disciplina juega un papel crucial en la construcción de una sociedad democrática, al establecer un marco jurídico que delimita la actuación del poder y protege a los individuos.

Marco Normativo

La base del derecho constitucional en el Estado de México se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, la cual establece los principios fundamentales y las garantías de derechos humanos a nivel nacional. A su vez, el Estado de México cuenta con su propia Constitución, promulgada en 1917 y reformada en varias ocasiones, que complementa y especifica las normas y derechos a nivel estatal.

La Constitución del Estado de México establece, entre otros aspectos, la organización del gobierno, los derechos de los habitantes, y los mecanismos de participación ciudadana, reflejando así el compromiso con la democracia y el bienestar social. La protección de derechos como la educación, la salud, y la igualdad ante la ley son fundamentales en este marco jurídico.

Importancia y Funciones

El derecho constitucional garantiza la protección de los derechos humanos y establece el equilibrio entre los poderes del Estado, asegurando que ninguna autoridad actúe de manera arbitraria. Además, promueve la gobernanza democrática al permitir la participación activa de la ciudadanía en la vida política y social, fortaleciendo así las instituciones democráticas.

Una de las funciones más importantes del derecho constitucional es el control de la constitucionalidad, que permite a los ciudadanos impugnar actos de autoridad que violen sus derechos. A nivel estatal, se cuenta con el Tribunal Constitucional del Estado de México, que tiene la responsabilidad de revisar la conformidad de los actos de las autoridades con la Constitución y proteger los derechos humanos.

Desafíos Actuales

A pesar de su importancia, el derecho constitucional en el Estado de México enfrenta varios desafíos. La corrupción, la falta de acceso a la justicia y la impunidad son problemas persistentes que limitan la efectividad de las garantías constitucionales. Además, la violencia y la inseguridad son fenómenos que han impactado negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos.

La actualización y fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger y promover los derechos constitucionales es crucial. Esto incluye la capacitación de los servidores públicos y la implementación de políticas que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.

Conclusión

El derecho constitucional en el Estado de México es un pilar fundamental para la garantía de los derechos humanos y la consolidación de la democracia. A través de la protección y promoción de las libertades individuales y colectivas, se busca construir una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, es fundamental enfrentar los desafíos existentes para asegurar que la Constitución sea verdaderamente efectiva en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El derecho cibernético es una rama emergente del derecho que regula las conductas y relaciones que se desarrollan en el entorno digital. En México, esta disciplina ha cobrado relevancia debido al aumento del uso de la tecnología en todas las áreas de la vida, desde las actividades comerciales hasta la interacción social. Con el crecimiento exponencial de internet y el uso de dispositivos electrónicos, surge la necesidad de establecer un marco normativo que contemple tanto la protección de los derechos de los usuarios como la regulación de las actividades en el ciberespacio.

Marco Jurídico

El marco normativo del derecho cibernético en México incluye diversas leyes y regulaciones que abordan temas como la protección de datos personales, la ciberseguridad y delitos informáticos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, promulgada en 2010, representa un paso crucial hacia la salvaguarda de la privacidad de los individuos. Esta ley establece los derechos de los titulares de datos y las obligaciones de los responsables en el tratamiento de la información personal.

Adicionalmente, la Ley de Protección al Consumidor y el Código Penal Federal también contienen disposiciones relevantes para combatir delitos cibernéticos, como el fraude informático y el acceso no autorizado a sistemas. Sin embargo, el marco legal aún enfrenta desafíos en términos de su actualización y aplicación efectiva, dado el ritmo acelerado de los avances tecnológicos.

Desafíos y Oportunidades

Uno de los principales retos del derecho cibernético en México es la protección efectiva de los datos personales. A pesar de contar con un marco legal, las violaciones a la privacidad y la exposición de datos continúan siendo problemáticas comunes. La falta de conciencia sobre la importancia de la seguridad en línea tanto por parte de las empresas como de los usuarios contribuye a la vulnerabilidad en ciberespacios.

Otro desafío significativo es la regulación de las conductas delictivas en el entorno digital. Criminales cibernéticos emplean cada vez más sofisticadas tácticas para perpetrar fraudes, suplantaciones de identidad y otros delitos. La actualización continua de la legislación y de los cuerpos de seguridad es crucial para enfrentar estos delitos de manera eficaz.

Por otro lado, el avance del derecho cibernético en México ofrece oportunidades significativas. El desarrollo de un marco normativo adecuado puede fomentar la confianza de los usuarios en el uso de tecnologías digitales y, al mismo tiempo, incentivar la innovación y el crecimiento del mercado digital. Las empresas que cumplen con las normativas tienen la posibilidad de destacarse en un entorno cada vez más competitivo.

Conclusión

El derecho cibernético en México es una disciplina en evolución que requiere atención constante para adaptarse a los cambios tecnológicos y las nuevas realidades del mundo digital. La implementación efectiva de leyes y políticas que protejan los derechos de los usuarios, regulen las conductas en línea y promuevan la ciberseguridad es esencial para construir un entorno digital seguro y confiable. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor digitalización, el fortalecimiento del marco normativo en esta área será fundamental para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos en el ciberespacio.

El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. En México, esta disciplina es crucial para el correcto funcionamiento del Estado, ya que establece los principios que rigen la actuación de las autoridades administrativas y busca asegurar que sus decisiones respeten los derechos de los ciudadanos.

Marco Normativo

El derecho administrativo en México se basa en una serie de leyes y regulaciones que establecen los procedimientos y principios que deben seguir las entidades gubernamentales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 129, establece la obligación de la administración pública de actuar conforme a la legalidad, eficiencia, y transparencia. Además, diversas leyes específicas, como la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Responsabilidades Administrativas, regulan aspectos concretos de esta rama del derecho.

Principios Fundamentales

Los principios que guían el derecho administrativo en México incluyen la legalidad, que exige que la actuación de la administración pública esté siempre fundamentada en la ley; la imparcialidad, que garantiza un trato equitativo a todos los ciudadanos; y la transparencia, que busca la rendición de cuentas y la divulgación de información pública. Estos principios son esenciales para fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Función y Relevancia

La función principal del derecho administrativo es la regulación de la actividad estatal y la protección de los derechos de los administrados. Esto se traduce en la supervisión de la actuación de los funcionarios públicos, la posibilidad de impugnar actos administrativos ante tribunales, y la promoción de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. Asimismo, el derecho administrativo es fundamental para la implementación de políticas públicas que impactan directamente en el bienestar social.

Desafíos Actuales

A pesar de su relevancia, el derecho administrativo en México enfrenta retos significativos. La corrupción y la opacidad en la gestión pública son problemas persistentes que socavan la confianza en la administración pública. Además, la necesidad de modernizar los procedimientos administrativos y adaptar la legislación a las nuevas tecnologías es especialmente urgente en un contexto donde la digitalización de los servicios gubernamentales avanza rápidamente.

Conclusión

El derecho administrativo en México es una herramienta clave para el buen funcionamiento del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos. Su estructura normativa y principios fundamentales son esenciales para crear un entorno donde la administración pública actúe con responsabilidad y transparencia. Para enfrentar los retos actuales, es imperative fortalecer las instituciones encargadas de su aplicación y promover reformas que garanticen una administración más efectiva y justa.

El derecho civil es una rama fundamental del derecho privado que regula las relaciones entre particulares y abarca temas como obligaciones, contratos, propiedad, herencias, y el estado civil de las personas. En el Estado de México, como en el resto del país, su aplicación es crucial para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad en las interacciones sociales.

Marco Normativo

La legislación civil del Estado de México se encuentra codificada en el Código Civil del Estado de México, el cual se promulgó en 1893 y ha sido objeto de diversas reformas a lo largo de los años. Este código establece las disposiciones generales que rigen las relaciones civiles, asegurando así los derechos y deberes de los ciudadanos. Entre los aspectos más destacados de esta norma se encuentran la regulación de los contratos, la protección al patrimonio familiar, y una serie de mecanismos para la resolución de conflictos.

Importancia Social

El derecho civil no solo se ocupa de definir y proteger derechos, sino que también juega un papel fundamental en la cohesión social. Mediante la regulación de relaciones como la propiedad y las obligaciones contractuales, se fomentan la confianza y el respeto entre los individuos. Además, la correcta administración de la justicia civil es vital para el desarrollo económico del Estado, ya que ofrece un ambiente propicio para la inversión y el comercio.

Desafíos Actuales

A pesar de su importancia, el derecho civil en el Estado de México enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es la implementación efectiva de las leyes, que a menudo se ve obstaculizada por la falta de recursos y capacitación en el sistema judicial. Asimismo, la necesidad de adecuar la legislación a los cambios sociales y tecnológicos del siglo XXI se vuelve imperativa, especialmente en temas como la protección de datos y las nuevas modalidades de contrato electrónico.

Conclusión

El derecho civil en el Estado de México es un pilar fundamental para la vida social y económica de la región. A través de la adecuada aplicación de sus normas, se puede garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos, promoviendo una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, es esencial continuar trabajando en la modernización de la legislación y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacerla cumplir.

En España, existen varios tipos de residencia que pueden ser solicitados dependiendo de la situación y objetivos de la persona. Aquí te presento los principales tipos de residencia:

1. Residencia temporal:

   - Por trabajo: Para aquellos que tienen una oferta de empleo.

   - Por estudios: Para estudiantes que desean realizar estudios superiores o de formación profesional.

   - Por prácticas: Para quienes realizan prácticas profesionales.

   - Por reagrupación familiar: Para familiares de residentes o ciudadanos españoles.

2. Residencia de larga duración:

   - Para extranjeros que han residido legalmente en España durante un mínimo de cinco años y cumplen con ciertos requisitos.

3. Residencia permanente:

   - Para ciudadanos de la Unión Europea (UE) que han residido en España durante más de cinco años.

4. Residencia no lucrativa:

   - Para aquellos que pueden demostrar que cuentan con medios económicos suficientes para residir en España sin necesidad de trabajar.

5. Residencia por inversión (Golden Visa):

   - Para inversores que realicen una inversión significativa en el país (por ejemplo, comprar bienes inmuebles, realizar aportaciones de capital, etc.).

6. Asilo o protección internacional:

   - Para aquellos que solicitan refugio debido a persecuciones en su país de origen.

7. Residencia para investigadores:

   - Para aquellas personas que vienen a realizar proyectos de investigación en instituciones españolas.

Para el trámite de solicitud de residencia en España, generalmente se siguen varios pasos. A continuación, describo el procedimiento básico, que incluye los documentos y requisitos necesarios:

1. Tipo de residencia: Determina qué tipo de residencia solicitas (por trabajo, estudios, reagrupación familiar, etc.).

2. Documentación requerida:

   - Formulario de solicitud: Solicitud oficial correspondiente (normalmente el modelo EX-00).

   - Pasaporte válido: Copia de las páginas relevantes de tu pasaporte.

   - Fotografías recientes: Generalmente se requieren fotografías tipo carnet.

   - Prueba de alojamiento: Documento que demuestre que tienes un lugar donde residir.

   - Medios económicos: Comprobación de que cuentas con suficientes recursos económicos para tu estancia.

   - Seguro médico: Un seguro que cubra los gastos médicos durante tu estancia en España.

3. Presentación de solicitud: Acude a la Oficina de Extranjería o al consulado español en tu país de origen para presentar la solicitud.

4. Recibo de solicitud: Obtendrás un resguardo que acredita que has presentado tu solicitud. Este documento es importante, ya que puedes acceder a ciertos servicios mientras esperas la aprobación.

5. Esperar resolución: El tiempo de espera puede variar. Durante este periodo, se puede pedir información adicional.

6. Notificación de la resolución: Te comunicarán si tu solicitud ha sido aprobada o denegada. En caso de aprobación, recibirás instrucciones sobre cómo obtener tu tarjeta de residencia.

7. Obtención de la tarjeta: Si la solicitud es aprobada, debes recoger tu tarjeta de residencia en la Oficina de Extranjería o en la oficina indicada.

8. Empadronamiento: Es recomendable empadronarte en el municipio donde residirás.

Para implementar la reforma judicial de manera efectiva y asegurar su éxito, se podrían considerar los siguientes pasos:

1. Diagnóstico y evaluación: Realizar un análisis exhaustivo de la situación actual del sistema judicial, identificando sus fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

2. Diseño participativo: Involucrar a diversos actores, como expertos en derecho, sociedad civil y representantes de los poderes del Estado, en la elaboración de propuestas de reforma.

 3. Elaboración de un marco legal: Crear un marco normativo sólido que sustente los cambios propuestos, garantizando coherencia con la Constitución y los estándares internacionales.

4. Establecimiento de mecanismos de selección transparente: Implementar procesos de selección de jueces y magistrados basados en criterios objetivos, transparentes e independientes de influencias políticas.

5. Garantía de la independencia judicial: Fortalecer mecanismos que aseguren la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, evitando injerencias externas.

6. Capacitación y actualización: Brindar formación continua a jueces, magistrados y personal judicial para mejorar sus capacidades técnicas y promover una cultura de legalidad.

7. Modernización tecnológica: Implementar herramientas tecnológicas que agilicen los procesos judiciales, mejoren la gestión de expedientes y faciliten el acceso a la justicia.

8. Evaluación y monitoreo: Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las reformas, identificar áreas de mejora y garantizar la rendición de cuentas.

Al seguir estos pasos de manera rigurosa y progresiva, se podrá dotar al sistema judicial de mayor eficiencia, transparencia e independencia, contribuyendo a fortalecer el estado de derecho y la confianza en la justicia en México.

La reforma judicial en México ha generado diversas opiniones a nivel internacional. Si bien organismos como la ONU y la OEA han reconocido la importancia de modernizar el sistema judicial mexicano, también ha habido preocupaciones por posibles afectaciones a la independencia y estabilidad de los poderes de la República en el país. 

Las manifestaciones en contra de la reforma en México reflejan la divergencia de opiniones y la preocupación de sectores de la sociedad sobre el impacto que los cambios propuestos puedan tener en la separación de poderes y en la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, la eventual desestabilización de los poderes de la República y una devaluación económica como resultado directo de la reforma serían escenarios hipotéticos y dependerían de cómo se implementen las medidas y de la respuesta de los actores implicados.

Es importante destacar que la estabilidad institucional y la confianza en el estado de derecho son fundamentales para el desarrollo económico de un país. Por tanto, la implementación de la reforma judicial deberá realizarse con cautela, garantizando la participación ciudadana, el respeto a los principios de autonomía e independencia judicial, así como la transparencia en el proceso de cambio, para minimizar posibles impactos negativos.

Entre los retos que se podrían afrontar al aplicar la reforma judicial están:

1. Resistencia al cambio: La implementación de reformas estructurales puede enfrentar resistencia de actores con intereses arraigados en el sistema vigente.

2. Recursos limitados: La falta de recursos financieros y humanos podría dificultar la implantación efectiva de las medidas propuestas.

3. Complejidad normativa: La reforma legal puede implicar cambios complejos en un entramado normativo extenso, lo que requerirá una labor minuciosa de armonización y actualización.

4. Presiones externas: La influencia de grupos de interés o intereses políticos puede representar un desafío para la independencia del proceso de reforma judicial.

Para superar estos desafíos, será crucial contar con un enfoque integral, participativo y gradual en la implementación de la reforma, asegurando la sinergia entre todos los actores involucrados y el compromiso con los principios de transparencia, legalidad e independencia judicial.

Para implementar la reforma judicial en México y abordar los retos que se presentarán, es crucial establecer un plan de acción detallado que contemple los siguientes aspectos:

1. Estructura y recursos: Será fundamental definir la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la reforma, identificar los recursos humanos y financieros requeridos, así como garantizar la capacitación del personal.

2. Coordinación interinstitucional: Dada la naturaleza interdependiente de los poderes del Estado, se requerirá una estrecha coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para implementar con éxito las reformas.

3. Participación ciudadana: Involucrar a la sociedad civil y a expertos en el diseño e implementación de las medidas judiciales contribuirá a dotar al proceso de transparencia y legitimidad.

4. Monitoreo y evaluación: Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación permitirá medir el impacto de las reformas, identificar áreas de mejora y garantizar la rendición de cuentas.

Principalmente por su postura en torno a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes. Algunos críticos han expresado preocupación por posibles intentos de influir en la designación de jueces y magistrados con el fin de consolidar su agenda política. También se le ha cuestionado por la falta de diálogo con otros poderes y actores clave en el proceso de reforma judicial, lo cual podría afectar la legitimidad y efectividad de las medidas implementadas. Estas críticas resaltan la importancia de preservar la autonomía del Poder Judicial como un pilar fundamental del estado de derecho en México.

Cómo es que se preserva la autonomía en el poder judicial?

Para preservar la autonomía en el Poder Judicial y garantizar su independencia, es fundamental respetar y fortalecer los mecanismos institucionales que protegen la imparcialidad de los jueces y magistrados. Algunas de las medidas clave para salvaguardar la autonomía judicial son:

 1. Nombramientos transparentes: Los procesos de selección de jueces deben basarse en criterios objetivos y estar libres de influencias políticas indebidas.

 2. Seguridad laboral: Es fundamental garantizar la estabilidad en el cargo de los jueces para protegerlos de presiones externas.

 3. Capacitación y profesionalización: Brindar formación continua a los operadores del sistema de justicia para fortalecer su independencia y su capacidad técnica.

4. Fiscalización y rendición de cuentas: Establecer mecanismos de supervisión y control que garanticen la transparencia en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones judiciales.

Al mantener estos principios y mecanismos, se puede asegurar que el Poder Judicial conserve su autonomía y cumpla con su función de manera independiente y objetiva.

El impacto de la reforma judicial en México en la economía puede ser significativo en diversos aspectos. Un sistema judicial más eficiente y transparente puede contribuir a mejorar el clima de inversión y la seguridad jurídica en el país. Las empresas suelen valorar la certeza legal y la prontitud en la resolución de conflictos para operar con confianza y expandir sus negocios. Asimismo, la reducción de la corrupción y la mejora en la aplicación de la ley pueden favorecer un ambiente más propicio para el desarrollo económico y la competencia justa en el mercado. En resumen, una reforma judicial exitosa podría tener un impacto positivo en la economía mexicana al promover la estabilidad, la legalidad y la confianza tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a las noticias más relevantes sobre la reforma judicial en México, se han destacado avances como la aprobación de leyes y medidas para fortalecer el sistema judicial, la designación de nuevos jueces y magistrados siguiendo criterios transparentes, así como la implementación de programas de capacitación y modernización en los juzgados y tribunales del país. Además, se han reportado casos emblemáticos donde la aplicación de la justicia ha reflejado los cambios y mejoras derivados de la reforma judicial. También se han señalado desafíos y críticas surgidas durante la implementación de estas reformas, como la necesidad de garantizar la independencia judicial en todos los niveles y de reforzar la rendición de cuentas en el sistema de justicia mexicano.

La reforma judicial en México se refiere a un conjunto de cambios y modificaciones realizados en el sistema judicial del país con el objetivo de mejorar su eficiencia, transparencia y acceso a la justicia. Algunos de los aspectos clave de esta reforma incluyen la creación de tribunales especializados, la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la modernización de la infraestructura judicial y la profesionalización de los operadores del sistema de justicia. Estos cambios buscan fortalecer el estado de derecho en México y garantizar un sistema judicial más ágil y efectivo para todos los ciudadanos.

Las características principales de la reforma judicial en México incluyen:

1. Creación de tribunales especializados: Estos tribunales se enfocan en áreas específicas del derecho, como el penal, civil, laboral, o administrativo, con jueces y personal especializado en cada materia.

2. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: Se promueve el uso de métodos como la mediación y conciliación para resolver disputas de forma más rápida y eficiente.

3. Modernización de la infraestructura judicial: Se busca mejorar las instalaciones físicas, equipamiento y tecnología de los juzgados y tribunales para agilizar los procesos judiciales.

4. Profesionalización de los operadores del sistema de justicia: Se busca capacitar y actualizar a jueces, magistrados, ministerios públicos y defensores públicos para garantizar un mejor desempeño en sus funciones.

Estas características buscan fortalecer el sistema judicial mexicano y hacerlo más accesible, eficiente y transparente para todos los ciudadanos.

La reforma judicial en México también incluye cambios en el proceso de selección de jueces y magistrados. Una de las medidas destacadas es la implementación de un sistema de evaluación transparente y objetiva para los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial. Además, se busca promover la igualdad de género y la diversidad en la elección de jueces, garantizando que los órganos judiciales reflejen la pluralidad de la sociedad mexicana. Estos cambios buscan mejorar la calidad y la independencia de la justicia en el país.

La elección de jueces a través de un proceso transparente y basado en méritos se considera positiva en el contexto de la reforma judicial en México. Al promover la profesionalización y la transparencia en la selección de jueces, se busca garantizar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Además, al fomentar la igualdad de género y la diversidad en la designación de jueces, se busca generar mayor confianza en la ciudadanía y fortalecer la legitimidad de las instituciones judiciales.

Cuáles son las opiniones internacionales, al respecto?

Las opiniones internacionales sobre la reforma judicial en México varían, pero en general, se reconoce el esfuerzo por modernizar y fortalecer el sistema judicial del país. Organismos internacionales como la ONU y la OEA han destacado la importancia de estos cambios para garantizar el respeto a los derechos humanos, la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en México. Sin embargo, también se han planteado algunas críticas y preocupaciones, como la necesidad de asegurar la efectiva implementación de las reformas y de proteger a los jueces de posibles presiones externas o influencias políticas. La comunidad internacional sigue de cerca los avances en la reforma judicial mexicana y se espera que estos cambios contribuyan a fortalecer el estado de derecho en el país.

En qué aspecto se considera negativa?

Uno de los aspectos que a veces se considera negativo en relación con la reforma judicial en México es la posibilidad de que la politización o la corrupción puedan influir en el proceso de elección de jueces, a pesar de los esfuerzos por implementar criterios objetivos y transparentes. Existe la preocupación de que los intereses políticos o de otros actores puedan afectar la independencia y la imparcialidad de los nuevos magistrados y jueces designados, lo que podría minar la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Además, algunos críticos han destacado la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil y de garantías efectivas para proteger la integridad de los operadores del sistema de justicia en México.

El estado de México, al igual que muchos otros estados y países, tiene leyes que regulan los asuntos de filiación. Estas leyes establecen los derechos y responsabilidades de los padres y los hijos, y buscan proteger el interés superior del menor en casos de paternidad y maternidad.

En primer lugar, es importante destacar que la ley reconoce la importancia de establecer la filiación de un niño o niña. Esto implica determinar quiénes son sus padres legales y garantizar que tanto el padre como la madre cumplan con sus obligaciones legales y económicas hacia el menor. La ley establece que los padres tienen el deber de cuidar, proteger y educar a sus hijos, así como de proveerles una manutención adecuada.

En el estado de México, existen diferentes vías para establecer la filiación. Una de ellas es el reconocimiento voluntario, en el cual los padres pueden acordar de manera voluntaria y mutua reconocer la paternidad o maternidad de un niño. Este reconocimiento puede realizarse ante un oficial del Registro Civil o ante un juez, y tiene efectos legales inmediatos.

En caso de que no se llegue a un acuerdo voluntario, la ley también establece la posibilidad de recurrir a la vía judicial para determinar la filiación. Esto puede ocurrir cuando uno de los padres se niega a reconocer al niño o cuando existen dudas sobre la paternidad. En estos casos, se pueden presentar pruebas como pruebas de ADN para determinar la filiación.

Es importante destacar que la ley también establece derechos y protecciones para los niños en casos de filiación. Por ejemplo, los niños tienen el derecho a conocer y ser cuidados por sus padres, así como a recibir una manutención adecuada. Además, la ley establece que los padres tienen la obligación de mantener una relación afectiva y de convivencia con sus hijos, siempre y cuando esto sea en el interés superior del menor.

En conclusión, el estado de México cuenta con leyes que regulan los asuntos de filiación, buscando proteger los derechos y el bienestar de los niños. Estas leyes establecen los procedimientos para establecer la filiación, ya sea de manera voluntaria o a través de la vía judicial. Asimismo, garantizan que los padres cumplan con sus obligaciones legales y económicas hacia sus hijos. Es fundamental que estas leyes se apliquen de manera justa y equitativa, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor.

El divorcio incausado es un tema controversial que ha generado debate en muchos países alrededor del mundo. Se refiere a la posibilidad de disolver un matrimonio sin necesidad de alegar una causa específica, es decir, sin tener que demostrar que existen motivos graves para la separación. Es interesante analizar los argumentos a favor y en contra de esta modalidad de divorcio, así como los posibles efectos que podría tener en la sociedad.

En primer lugar, aquellos que apoyan el divorcio incausado argumentan que es una forma de garantizar la libertad individual y el derecho a la autodeterminación. Sostienen que las personas deben tener la posibilidad de terminar un matrimonio si así lo desean, sin tener que justificarlo ante un tribunal o terceros. Además, argumentan que esta modalidad de divorcio puede ser beneficiosa para las parejas que se encuentran en situaciones de violencia doméstica o infelicidad crónica, ya que les permite escapar de una relación dañina sin tener que pasar por un proceso legal complicado.

Por otro lado, los opositores al divorcio incausado señalan que esta modalidad puede llevar a una mayor inestabilidad familiar y social. Argumentan que al eliminar la necesidad de alegar una causa específica, se facilita la decisión de divorciarse sin considerar las consecuencias a largo plazo. Además, sostienen que esto podría fomentar la falta de compromiso en las relaciones matrimoniales, ya que las parejas podrían ver el divorcio como una opción fácil y rápida en lugar de buscar soluciones a los problemas que puedan surgir.

Para ilustrar estos argumentos, podemos tomar como ejemplo el caso de España, donde el divorcio incausado fue legalizado en 2005. Desde entonces, se ha observado un aumento significativo en el número de divorcios, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si esta modalidad ha contribuido a la desintegración de las familias y a la inestabilidad emocional de los hijos.

En conclusión, el divorcio incausado es un tema complejo que plantea importantes cuestiones sobre la libertad individual y la estabilidad familiar. Si bien algunos argumentan a favor de esta modalidad como una forma de garantizar la autonomía de las personas, otros sostienen que podría tener efectos negativos en la sociedad. Es necesario realizar un análisis cuidadoso de los posibles impactos antes de tomar una decisión definitiva.

En el Estado de México, la custodia de menores es un tema regulado por la legislación familiar. La custodia puede ser otorgada a uno o ambos progenitores, considerando siempre el interés superior del menor. Las autoridades judiciales toman en cuenta diversos factores para determinar la custodia, como el bienestar emocional, físico y educativo del niño o niña.

Es importante tener en cuenta que la custodia puede ser compartida o exclusiva, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. En todo momento, se busca garantizar un entorno seguro y estable para el desarrollo del menor, promoviendo la participación equitativa de ambos padres en su crianza, cuando sea posible y beneficioso para el menor.

JURISPRUDENCIA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Registro digital: 2021195

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Civil

Tesis: I.3o.C.399 C (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, página 1132

Tipo: Aislada

OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. EL DERECHO A EXIGIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN ACCIÓN PROFORMA ES IMPRESCRIPTIBLE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

El artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé el plazo de diez años para solicitar la ejecución de una sentencia. Ahora bien, dicho artículo refiere a un plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que haya vencido el término judicial para el cumplimiento voluntario. No obstante, el derecho a exigir la ejecución de sentencia en la acción proforma, constituye una excepción a la regla general de prescripción contenida en dicho precepto, porque el derecho de reclamar el otorgamiento y firma de escritura es accesorio al derecho principal que es el de propiedad, el cual, a diferencia de otros derechos reales, éste no se pierde por el no uso o por la falta de ejercicio, pues es un derecho potestativo que puede hacerse valer en cualquier momento mientras sea titular del derecho de propiedad. Además, tampoco es dable que opere la prescripción, porque lejos de favorecer la certeza jurídica de los inmuebles provocaría lo contrario, es decir, se prestaría a la indefinición de la situación jurídica de los bienes inmuebles y, por ende, el inconveniente de no ofrecer seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y los derechos de terceros a conocer de las transacciones que deben ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, lo cual tiene como finalidad primordial impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles; de ahí que no puede aplicar la prescripción al derecho de exigir la ejecución de una sentencia en acción proforma, toda vez que se pretende dotar de certeza jurídica al procedimiento de ejecución a fin de brindar seguridad a las partes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 66/2019. Jorge Gutiérrez Cruz. 3 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia Monserrat Ortega Mondragón.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

La licitación es uno de los mecanismos de asignación mediante el cual el gobierno mexicano adquiere bienes y servicios.

En materia de licitaciones, el marco jurídico se ha orientado a definir los criterios formales de transparencia que rigen el proceso mismo de la licitación, dejando a un lado la perspectiva de productividad económica del proyecto mismo. Esto es evidente, específicamente en tres características de las licitaciones:

1. No dejan clara la responsabilidad de la autoridad en el sentido de hacer un documento de licitación claro y asertivo.
2. No fijan estándares de revisión y evaluación de las ofertas presentadas, permitiendo la discrecionalidad de los servidores públicos.
3. No segmentan los tipos de adquisiciones del gobierno considerando los incentivos económicos intrínsecos en cada transacción, sino únicamente lo hacen con base en términos procesales.

 ¿Cómo se lleva a cabo una licitación en México?

1. Convocatoria

Para llevar a cabo una convocatoria para licitación y según el artículo 30, deben hacerse de forma gratuita a través de portal de CompraNet (por medio de este sistema electrónico se operan todas las ventas al gobierno y se brinda la información necesaria para hacerlo). Este proceso va acompañado de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, allí se especifica el objetivo de dicha licitación y su número correspondiente, además de las fechas de publicación y contratación.

2. Reunión de aclaraciones

En esta etapa la entidad que se encarga de la licitación más las empresas, se reúnen para aclarar las dudas que surjan además de completar la información que falta y controlar si se cumplen con todos los requisitos.

3. Propuestas integradas

Aquí se controla que la empresa licitante tenga la solvencia suficiente como para llevarla a cabo, así como si cumple con los requisitos propuestos.

4. Propuestas a presentar

Así mismo, las licitaciones se clasifican según los medios en los que se deben llevar a cabo y en los que deben ser presentadas  en:

 a. Presenciales

De acuerdo a esto, aquellos que soliciten la licitación, deben presentar todos los documentos de manera física.

 b. Electrónicas

Estas se llevan a cabo a través de CompraNet, allí se detallan todas las especificaciones necesarias a cumplir según el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre todo en cuanto a cómo se va a llevar a cabo la comunicación.

c. Mixtas

Como su nombre lo indica, esta modalidad se lleva a cabo tanto presencialmente como electrónicamente, lo cual se debe realizar con el consentimiento del solicitante e incluye todos los estadios de la solicitud de licitación.

5. Evaluación técnica

Cuando haya finalizado el proceso previo de presentación de documentos y demás, se procede a la evaluación. Esta, se dedica exclusivamente a chequear los aspectos técnicos relacionados al producto a licitar, si la empresa tiene todos sus permisos y licencias al día.

 6. Evaluación económica

Aquí se evalúan los precios establecidos por el licitante y son comparados con un recuento previo para no incurrir en errores además de asegurarse que los precios sean los más convenientes dentro del mercado.

7. Fallo

Esta es la última etapa en la que se conoce el licitante que haya realizado la mejor propuesta; a su vez, se adjunta un documento con aquellas propuestas descartadas y detallar cuáles fueron los motivos de ese fallo esas razones pueden ser de índole técnica, económica o legal.

 Diferencia entre licitación pública y privada

La principal diferencia entre la licitación pública y privada es que, en la privada, solo un grupo de empresas puede participar, previo llamado del Estado a través de un concurso privado.

¿Qué es una licitación privada en México?

La licitación privada implica un llamado privado para llevar a cabo la invitación de forma de determinadas empresas y no mediante llamado público.

¿Qué es una licitación abierta?

La participación en una licitación de orden público resulta un beneficio para aquellas empresas que pueden aprovechar la oportunidad de crecimiento.

Sin embargo, la administración es la encargada de controlar los requisitos, además de verificar la solvencia de la empresa y describir a detalle cómo están compuestas las convocatorias.

Las licitaciones públicas exigen, por su parte, estar pendientes de las mismas, ya que esto aporta mayor competitividad ante el mercado. Puedes adquirir bienes relacionados a suministros, obras o servicios que son ofrecidos a través de instituciones públicas.

El beneficio de conseguir un acuerdo de orden público es que puedes contar con un cliente confiable y expandir tu trabajo, además, la solvencia está casi asegurada, aunque la única desventaja es que muchas veces no se respetan los cronogramas de pago.

Por otro lado, deja de ser una necesidad estar a la espera de la fecha de pago ya que esto puede anticiparse a través de las certificaciones online o las fórmulas propuestas por la financiación en conjunto.

Proceso de las licitaciones públicas

Las licitaciones de orden público se desarrollan a través de un proceso de contratación al que previamente se ha accedido por una declaración pública y unilateral. En este caso, es el Estado el que se compromete a organizar la licitación con el fin de establecer un contrato para adquirir algún bien o servicio. Aquella entidad o negocio interesado deberá cumplir con ciertos requisitos que deben estar establecidos previamente y por escrito, en la convocatoria.

Estas características son las que hacen que una licitación pública tenga un carácter competitivo, debido a todas sus implicatorias en cuanto a su modalidad abierta.

¿Qué es el Fideicomiso?

El Fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física o moral transmite la titularidad de bienes o derechos a una institución fiduciaria, para que ésta destine los mismos a la realización de ciertas finalidades, para beneficio de la misma persona que constituyó el fideicomiso o de un tercero.

según el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en adelante LGTOC), el fideicomiso es el contrato a través del cual una persona transmite la propiedad de uno o más bienes (muebles o inmuebles) o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados.

Dichos actos deben generar algún beneficio de carácter económico y estos beneficios deben ser dados a una persona a la que se conoce como fideicomisario. La persona que da los bienes es el fideicomitente y la que los recibe es la institución fiduciaria.

¿Quiénes intervienen?

Fideicomitente

Es la persona física o moral que constituye el Fideicomiso al aportar los bienes o derechos para la realización de los fines deseados.

Por cuanto, a los fideicomitentes, según el artículo 383 de la LGTOC pueden ser solamente aquellos con capacidad para transmitir los bienes o derechos objeto del fideicomiso, es decir aquellas personas físicas con capacidad de goce y ejercicio o las personas morales con patrimonio y personalidad propios que no tengan alguna limitación en cuanto a la administración y disposición de sus bienes.

Fiduciario

Es la institución encargada de la administración del Fideicomiso.

la LGTOC establece que este debe ser una "institución fiduciaria", y solo podrán fungir como tales según el artículo 385 las expresamente autorizadas para ello conforme a la Ley.

Fideicomisario

Es la persona física o moral designada por el fideicomitente para recibir los

beneficios del Fideicomiso.

¿Quiénes pueden ser fideicomisarios? Esencialmente cualquier persona física y todas las personas morales con patrimonio y personalidad propios, pues el artículo 382 de la LGTOC solo requiere tener la capacidad de recibir el provecho del fideicomiso, refiriéndose naturalmente a la capacidad de goce, por lo que pueden ser fideicomisarios los menores e incapaces.

¿Qué son los fines?

Es la descripción que en el contrato por el que se crea el Fideicomiso se debe establecer sobre los objetivos que se persiguen a través de este siendo la única limitante que éstos sean lícitos y posibles.

Formas

En cuanto a formas, el fideicomiso tiene en primer término la de suscribirse de manera escrita. Además de la publicidad, es decir su inscripción en el registro público correspondiente, cuando hace a bienes inmuebles deberá inscribirse en el registro público de la propiedad y respecto a bienes muebles tendrá que inscribirse en "la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio", no omitiendo mencionar que para que se pueda inscribir un acto en un registro público debe ser realizado en documento público (por ejemplo, una escritura notarial).

Según el artículo 392 de la LGTOC, el fideicomiso puede terminar porque se realizó su fin, o bien porque no sea posible de realizar, por cumplirse la condición establecida para que se termine, por acuerdo de los intervinientes (fiduciario, fideicomitente, fideicomisario), porque así lo decida el fideicomitente siempre y cuando se haya establecido esto al constituirse el fideicomiso, entre otros.

 Ø Testamentaria: realizada de manera escrita, es decir en un testamento la persona que posee la tutela o patria potestad, deja designada a un persona que cuide del menor en su ausencia

Ø Legítima: se confiere a los parientes cercanos del menor o incapacitado, cuando no exista quien ejerza la patria potestad. La elección se hace

dependiendo la cercanía del pariente con el menor o dependiendo del grado.

Ø Dativa: se otorga cuando el menor no cuente con parientes que lo protejan, la elección se realiza entre las personas inscritas en las listas elaboradas por el Consejo Local de Tutelas.

 Es el cargo o responsabilidad que se le da a un apersona mayor de edad, que se encuentra estable, tanto económicamente, física y emocionalmente, para la protección jurídicamente de un menor o incapacitado, es decir cuidar de él física y jurídicamente, los cuales no deben estar sujetos a una patria potestad.

Ø Menores de edad, que no se encuentren sujetos a una patria potestad

Ø Mayores de edad, con alguna incapacidad

La tercería es el procedimiento por el cual un tercero ajeno al juicio principal (usted) señala que los bienes embargados pertenecen o son suyos y no del demandado (su familiar, amigo, etc.), haciendo valer con esto su condición de poseedor del bien en cuestión, para así dejar sin efecto el embargo recaído sobre sus bienes.

Tipos.

Ø Tercería coadyuvante: son aquellas que auxilia la pretensión del demandante o la del demandado, cuando no se persigue esta finalidad nos encontramos ante las excluyentes.

Ø Tercería excluyente de dominio: deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el tercero

Ø Tercería excluyente de preferencia: alegan un mejor derecho que este deduzca para ser pagado.

Es un procedimiento especial, que lo lleva exclusivamente las instituciones de asistencia social, tanto públicas como privadas, respecto a los menos o incapacitados. Este juicio se abre cuando existe sospecha que los padres u alguna institución, practica algún tipo de violencia en los menores, o que estos se encuentren en abandono. El abandono se considera después de seis meses donde el menor no tiene cuidado por parte del tutor.

Tramitación:

Ø Se empieza por una demanda, en la cual deben proporcionarse pruebas del abandono o violencia generada

Ø Para la contestación, se tiene 5 días, contados a partir del emplazamiento.

Ø El no contestar la demanda da como ficticias los hechos.

Ø Todas las excepciones deben contestarse en la contestación

Ø No existe reconvención

Ø Ningún incidente suspende el procedimiento

Ø La audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos, debe realizarse 10 días después del emplazamiento. En caso que esta se debe extender se citara para otro día y hora para cumplir con la audiencia el plazo no debe ser mayo a 5 días.

Ø La sentencia se dicta 5 días después de la audiencia

Ø Se puede interponer apelación, en efecto suspensivo (ambos efectos).

Ø Cuando la valoración de las pruebas reconocidas o declaradas, fueran desechadas con posterioridad a la resolución, o que alguna de las partes no se enterara del reconocimiento de estas.

Ø Cuando existan vicios en el juicio por parte de alguna de las partes

Ø No pueden impugnarse sentencias dictadas en procesos de nulidad de un juicio concluido

Ø Sección principal

§ Demanda

§ Auto de ejecución

§ Contestación

§ Pruebas

§ Desahogo de las mismas

§ Alegatos

§ Sentencia

Ø Sección de Ejecución

§ Copia cotejada de la demanda

§ Copia simple del auto de ejecución

§ Requerimiento y embargo de bienes

§ Depositaria

§ Avalúos

§ Remate (calificación de posturas, financiamiento y aprobación)

§ Posesión de los bienes adjudicados

§ Otorgamiento de escrituras.

Existen dos tipos de obligaciones:

Ø Unilaterales: es cuando una persona toma el papel de adquirir algún derecho y la otra adquiere la obligación.

Ø Bilaterales o reciprocas: en estas ambas partes adquieren derechos y obligaciones. En este caso la persona que solicite la resolución deberá asignar las prestaciones al demandado o comprobar su cumplimiento.

Ambas obligaciones contienen al mismo tiempo, algún tipo de deber, que son las siguientes:

Ø Dar dinero: es necesario que exista cantidad liquida, es decir el deudor debe cierta cantidad de moneda. Determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación.

Ø Dar cosa determinada: si esta en favor del demandado se presentan dos hipótesis;

§ Se encuentra en poder del demandado, si el demandado no entrega la cantidad, objeto, inmueble, etc., se procederá al embargo judicial y si la cosa ya no se encontrara, se podrá exigir el embargo de bienes que subsanen la deuda.

§ Que se encuentre en poder de un tercero, en esta no se podrá realizar el embargo, salvo cuando judicialmente se haya declarado que la enajenación fue realizada en perjuicio de acreedores.

Ø Dar especie: cuando la cosa a entregar se calcula, por el monto, cantidad o peso.

Ø De hacer: el demandado deberá cumplir con alguna actividad a la que se comprometió con el actor, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

§ Cuando el actor exija la prestación de un hecho por el demandado o un tercero, el juez determinara un plazo prudente para que este se cumpla.

§ Si el contrato tiene alguna cláusula de penalización, esta deberá decretarse para la ejecución.

§ Si el contrato o documento no tuviera alguna penalización, se optara por el pago d daños y perjuicios ocasionados, este será fijado por el actor y el juez dará la aprobación de la misma, es decir podrá disminuir u aumentar dicha pena

Son documentos, en los cuales aparece el nombre del acreedor y del deudor, este contiene un crédito cierto, líquido y exigible. Son títulos ejecutivos los siguientes:

1. Declaración de parte hecha como juramento ante una o un juzgado competente.

2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas.

3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial.

4. Letras de cambio.

5. Pagarés a la orden.

6. Testamentos

7. Transacción judicial.

8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos.

 Es un proceso especial, corto, rápido, abreviado, tendiente a conseguir, que los acreedores de diferentes tipos de títulos de cambio, como por ejemplo, CHEQUES, PAGARES, LETRAS DE CAMBIO, se puedan hacer del cobro de lo adeudado, si el deudor no cumple con su obligación. Este inicia con el embargo de bienes al demandado, con la finalidad de asegurar el monto total de la deuda

 Cuantía: no tiene

Grado: ante el juez de primera instancia

Territorio: donde se haya establecido el domicilio conyugal

Materia: familiar

Atracción: no aplica

Prevención Juez que conozca primero

Turno: primera instancia

Requisitos para proceder al remate

·Inscribir el embargo en el registro de propiedad y pagar derechos.

1. Hacer el avaluó

§ Nombrar perito para que los evalué (escrito)

§ Juez dicta auto aceptando

§ Escrito donde el perito acepta el cargo

2. Sacar el certificado de libertad de gravamen, ya que pueden aparecer otros acreedores

3. Hacer escrito pidiendo fecha y hora para llevar a cabo el remate

4. Solicitar los edictos

Procedimiento de remate con plazos

Ø Inscribir el embargo en el registro de propiedad y pagar derechos.

Ø Nombrar perito para que los evalué (escrito)

-Juez dicta auto aceptando

-Escrito donde el perito acepta el cargo 3 días

Ø Avaluó previo 3 días

· Sacar el certificado de libertad de gravamen, ya que pueden aparecer otros acreedores

Ø Hacer avaluó 2 meses para presentarlo

Ø Hacer escrito pidiendo fecha y hora para llevar a cabo el remate

Ø Solicitar los edictos

Ø Terminación: se estipula en el contrato que se celebra entre el Arrendador y el arrendatario, este puede ser de un año, es decir si se arrenda el primero de enero terminaría el 31 de diciembre.

Ø Recisión: por alguna violación a las causas del contrato, se puede pedir la cancelación del contrato, es decir la parte actora puede pedir la cancelación del arrendamiento cuando el arrendatario no pague la renta, o cuando este cambie el uso del inmueble entre otras.

Ø Prórroga del arrendamiento: si el arrendatario desea renovar el contrato deberá realizarlos dentro de los diez días antes que termine el contrato.

Ø Demanda

§ Requisitos generales

§ Basarse en un Titulo ejecutivo

Ø Admisión

§ La demanda se someterá al análisis del juez, donde determinara la vía que corresponde, esta dependerá del tipo de titulo ejecutivo

Ø Requerimiento de pago

§ Una vez aceptada l demanda, se acudirá a notificar al demandado para que este haga el pago correspondiente, si este lo hiciera el juicio

se daría por terminado y en caso de que este se negara, se podrá proceder al embargo de bienes los cuales quedaran a disposición, hasta que se resuelva la controversia.

Ø Embargo

§ Si el demandado no liquida la deuda podrá proceder la diligencia

§ Se puede evitar si el deudor paga en el momento del requerimiento el monto total de la deuda.

§ Si el deudor no liquida por completo la deuda, se podrá embargar bienes para que liquiden el sobrante.

Ø Emplazamiento

§ El deudor tendrá nueve días para oponer excepciones y defensas, después de que se le realizara dicho emplazamiento.

Ø Sentencia

§ El juez deberá resolver los derechos controvertido y estipular el día y hora para realizar el remate de bienes, con el efecto de liquidar la deuda que tenía el deudor con el demandado.

Ø Remate

§ Procede cuando se haya agotado toda oportunidad de liquidar la deuda por cuenta propia al deudor.

· Las principales características del comercio electrónico son:

· Acceso al comercio en cualquier momento del día, sin restricciones horarias

· Es posible ofrecer una mayor cantidad de productos

· Es posible acceder a comercios de todo el mundo

· Se combinan diversos formatos. En el comercio electrónico se venden productos a través de imágenes, videos y textos

· Existen canales de interacción entre consumidores y vendedores

· Se pueden realizar búsquedas muy personalizadas, descartando todo aquello que no interesa.

El comercio electrónico es un modelo de negocio basado en la compra, venta y comercialización de productos y servicios a través de medios digitales (paginas web, redes sociales, entre otros.)

El comercio electrónico, traducido del término en inglés e-commerce, puede ser definido como la actividad económica que permite el comercio de productos y servicios a partir de medios digitales, como páginas web, aplicaciones móviles y redes sociales.

Por medio de la red virtual los clientes pueden acceder a diversos catálogos de servicios y productos en todo momento y en cualquier lugar.

 Sociedad en nombre colectivo: Este tipo de sociedad mercantil es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente ante las obligaciones sociales.

Sociedad en comandita simple: Este tipo de sociedad mercantil es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.

Sociedad de responsabilidad limitada: Es aquella en la que los socios únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. En este régimen, las aportaciones de los socios no pueden representarse por títulos intercambiables, sin embargo, es indispensable que dichas aportaciones se registren en el Libro Especial de Socios para exigir sus derechos y obligaciones con esa calidad.

Sociedad anónima: Es aquella que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

Es para resolver alguna controversia, la cual no requiera una tramitación especial, por ejemplo:

· Divorcio contencioso

· Reivindicación de bienes

· Acción negatoria: para obtener la declaración de libertad, o de la reducción de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales que importen gravámenes.

· Acción confesoria: sobre el titular del derecho real inmueble y poseedor del predio dominante que esté interesado en la existencia de la servidumbre.

· Acción hipotecaria: para constituir, ampliar, registrar, dividir y cancelar una hipoteca

· La usucapión: adquirir la propiedad de un bien por el transcurso del tiempo

Esta vía puede dividirse en seis etapas procesales.

Una sociedad mercantil se puede definir como un ente jurídico conformado por los socios y sus aportaciones a la misma, con la finalidad de un objetivo en común que principalmente es la obtención de ganancias a través de actos de comercio, con finalidad de lucro.

Un contrato de arrendamiento con opción de compra es un acuerdo entre el dueño de una propiedad y quien desea rentarla. Dentro de este contrato de arrendamiento se acuerda cómo se realizará esta transacción, se establece el precio, las condiciones de pago, y qué porcentaje de las rentas pagadas se tomará en cuenta para cubrir el precio total de la propiedad.

La compraventa es un contrato por el cual un agente (vendedor) se compromete a entregar un bien. Esto, a cambio de una contraprestación económica de su contraparte (comprador).

Es decir, una compraventa es un acuerdo mediante el cual un vendedor transfiere un producto al comprador. De ese modo, se satisface una necesidad

 El arrendamiento es un contrato:

· Consensual, pues se perfecciona por el mero consentimiento sin que requiera la entrega del bien.

· Bilateral, pues surgen obligaciones correlativas a cargo de ambas partes.

· Oneroso, porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, pues si se entregase el bien sin contraprestación, es decir a título gratuito, no se trataría del arrendamiento, sino del comodato.

· Conmutativo, porque las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio de la pérdida que les cause éste.

· Principal, ya que existe y subsiste por sí mismo, porque tiene su propia finalidad jurídica y económica, pues no depende de otro contrato o de otra obligación preexistente para existir.

Todos los demás contratos de arrendamiento deben celebrarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador.

Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

El contrato de arrendamiento, como todos los contratos de derecho patrimonial, cumple con una doble función económica y jurídica.

La función económica consiste en proporcionar a una persona que no puede, que no quiere o no le conviene adquirir, la propiedad de una cosa, el uso o el goce de ésta. Desde ese particular punto de vista, el arrendamiento viene a ser un sustituto de la compraventa.

Jurídicamente el arrendamiento satisface la función de poder trasmitir el uso o goce de las cosas y en este sentido viene a integrar el grupo de los contratos por los cuales se enajena o se trasmite el uso de las cosas.

1) Jurisdicción

2) Acción

3) Proceso.

La jurisdicción como función estatal que ejercen los órganos independientes y autónomos para conocer y resolver a través del proceso;

Los litigios que le plantean las partes y en su caso ejecutarlos.

El proceso como el conjunto de hechos y actos jurídicos a través del cual los órganos jurisdiccionales resuelven los litigios. La acción, como el derecho que se confiere a las personas para promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales, a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograr en su caso la ejecución forzosa de lo juzgado.

El derecho procesal mercantil es la rama del derecho procesal que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil es decir de litigios que derivan de actos que la leyes definen como mercantiles.

Surgen cuando en una controversia especifica existen elementos que para regular un determinado aspecto de la situación concreta la vinculan con dos o más normas jurídicas diversas, sin importar si su contenido es acorde o está en evidente contradicción.

 Es una serie de actos especiales que deben de desarrollarse ante la autoridad judicial, ya sea con el propósito de acreditar presupuestos necesarios para el pago de una prima o para exigir que sean cubiertas las indemnizaciones derivadas del contrato de seguro.

En materia de seguros, puede utilizarse:

Jurisdicción voluntaria, que abarca todas las actuaciones practicadas por la autoridad judicial, a solicitud de persona interesada, sin que el juez ejercite su facultad jurisdiccional debido a que no se plantea controversia alguna entre partes.

Ordinaria Mercantil, que es la vía para dirimir todas las controversias comerciales que no tienen una tramitación especial y que en materia de seguros observa ciertos lineamientos específicos cuando se utiliza para exigir el pago

de las indemnizaciones derivadas del contrato de seguro.

Es un proceso especial de interés público que procura conservar a las empresas y evitar que el cumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago ponga en riesgo su viabilidad, así como la de las demás con las que mantienen una relación de negocios.

Tipos.

Voluntario, cuando lo solicita el propio comerciante.

Necesario, cuando lo solicitan los acreedores o el Ministerio Público.

Personas afectadas.

El comerciante que haya suspendido o terminado la operación de su empresa puede ser declarado en concurso cuando incumpla generalizadamente en el pago de las obligaciones contraídas por dicha operación.

 Es el acto procesal por medio del cual el juez sanciona a la parte que se ha abstenido de realizar alguna actuación procesal a su cargo, a efecto de continuar el proceso hasta su desenlace.

Declaración. Transcurrido el plazo de 9 días hábiles contados a partir del siguiente al emplazamiento, sin que el demandado haya dado contestación a la demanda, el juez procederá a hacer la declaración de rebeldía.

Consecuencias.

· Tras la declaración de rebeldía el proceso continúa sin el demandado. · La declaración de rebeldía no equivale ni a un allanamiento ni a la admisión de los hechos de la demanda, salvo cuando la ley expresamente disponga lo contrario.

· Sin embargo, el demandado perderá la posibilidad de llevar a cabo los actos procesales que se realicen en su ausencia. El proceso continuará y las actuaciones no podrán retroceder en ningún caso, aunque el demandado rebelde comparezca más adelante.

 Etapa expositiva. Se integra por la demanda, el emplazamiento y traslado e la misma, la contestación y, en su caso, la reconvención interpuesta por el demandado y su contestación.

Etapa de excepciones procesales. Se conforma con los actos realizados en la vía incidental para resolver este tipo de excepciones, lo cual debe acontecer una vez concluida la fase expositiva del proceso y antes de iniciar la probatoria.

Etapa probatoria. Se abre en caso de que los litigante lo hubieren solicitado de oficio y cuando el juez lo estima necesario. La etapa probatoria se dicvide en 4 partes:

· Ofrecimiento.

· Admisión.

· Preparación.

· Desahogo.

Etapa de alegatos. Concluido el término probatorio se deben poner los autos a la vista de las partes para que dentro de un plazo de tres días produzcan alegatos y, pasando el mismo, deberán ser citadas para oír sentencia.

Etapa resolutiva. Se integra con la sentencia, que es la decisión judicial sobre los puntos controvertidos, la cual debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones aducidas por las partes.

Etapa ejecutiva. Una vez dictada la sentencia, si ha sido declarada firme, si sus resolutivos imponen a la parte condenada la obligación de hacer, dar o abstenerse de realizar una conducta y si la parte condenada no la cumple voluntariamente, se debe iniciar esta etapa o vía de apremio, cuya finalidad es lograr su ejecución coactiva. 

 Es la serie de actos que se utiliza para dirimir todas aquellas controversias comerciales que no tienen una tramitación especial y para las que las partes no han optado por recurrir al proceso convencional o al procedimiento arbitral, las cuales son consideradas preferentes en materia mercantil.

 Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad.

Es la serie acompañada de actos especiales que deben desarrollarse ante la autoridad judicial para exigir el pago de las indemnizaciones derivadas de un contrato de fianza.

Etapas.

En el cobro de indemnizaciones derivadas de un contrato de fianza podemos distinguir dos fases sucesivas:

1.- Reclamación.

2.- Procedimiento conciliatorio vía judicial.

 Es la serie de actos jurisdiccionales mediante los cuales el tribunal hace constar, en el propio documento la transmisión de un título de crédito que ha sido efectuada de manera distinta del endoso.

Endoso. Es un declaración unilateral que realiza el legítimo poseedor de un título de crédito e manera independiene al negocio que le dio origen y mediante el cual se hace constar en el propios documento su transmisión y el carácter con que esta se hizo.

Procedencia. Puede promoverse cuando un titulo de crédito ha sido transmitido de manera distinta del endoso y el interesado desea que la autoridad judicial haga constar dicho traslado en el propio documento.

Avenencia. Consiste en la actuación de un tercero que intenta poner de acuerdo a las partes en conflicto, con la finalidad de lograr un nuevo entendimiento entre ellos dejando a un lado los motivos de enemistad existentes.

Mediación. Es la actuación de un tercero, con la única finalidad de acercar a las partes en conflicto, pero sin encontrarse facultado para proponerles posibles soluciones.

Conciliación. Es la actuación de un tercero con el fin de acercar a las partes en conflicto y proponerles posibles soluciones al mismo, con fundamento legal o sin él.

Arbitraje. Es la actuación de un tercero, al cual el Estado le otorga facultades jurisdiccionales limitadas y para el caso concreto, autorizándolo para conocer y resolver una controvesia atento al acuerdo que para ello han realizado las partes en conflicto.

 Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos son una serie de procesos y técnicas que buscan resolver disputas como un medio para que las partes en desacuerdo lleguen a un acuerdo para evitar resolverlo por un litigio convencional, si bien no busca sustituir los procesos convencionales de justicia.

Renuncia a los medios de impugnación. Se renuncia siempre que la misma se realice en escritura pública, póliza o convenio judicial, ya que el procedimiento mercantil preferente a todos es aquel que convienen las partes, con las limitaciones que impone la ley.

Apelación. Es el medio impugnativo ordinario que se hace valer en negocios a través del cual una de las partes o ambas solicitan a un tribunal de segundo grado que examine una resolución dictada dentro del proceso por el juez que conoce de la primera instancia, expresando sus inconformidades.

Personas facultadas.

· Elcondenado, si creyere haber recibido algún agravio.

· El vencedor, cuando no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de las costas.

· El tercero con interés legítimo, siempre y cuando lo perjudique la resolución

 Son el conjunto de instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales, a través de los cuales personas con interés legítimo, ya sean partes o terceros, se inconforman contra una actuación que les perjudica, emitida dentro del proceso por un magistrado, juez o autoridad judicial, interponiéndolo antes de que la resolución sea considerada fija o una vez que se estima inimpugnables.

Arraigo de personas. Procede cuando existe temor de que el demandado (deudor, tutor, socio o administrador de bienes ajenos), antes o una vez que se ha ejercitado la acción, se ausente u oculte del lugar del juicio

Secuestro provicional o embargo precautorio. Procede cuando se pretende que el demandado (deudor, tutor, socio o administrador de bienes ajenos), antes o una vez que se ha ejercitado la acción oculte o malgaste los bienes sobre los que recaiga la misma.

Son instrumentos que puede decretar el juzgador a solicitud de la parte interesada, ya sea antes de iniciarse el proceso o durante su tramitación, esto con la finalidad de evitar que la sentencia que se dicte sea de imposible ejecución o se cause un daño irreparable. Dé acuerdo con el tiempo de su interposición podemos dividirlas en prejudiciales y judiciales.

 Deberá concluir su cargo en plazo de un año, pudiendo este ser prorrogado uno más por los herederos mediante el voto de aquellos que representen cuando menos las dos terceras partes de la herencia, siempre y cuando exista causa justificada y haya sido aprobada la cuenta anual del albaceazgo

ARTÍCULO 1,722.- El albacea está obligado a rendir cada año cuenta de su albaceazgo. No podrá ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido aprobada su cuenta anual. Además, rendirá la cuenta general de albaceazgo. También rendirá cuenta de su administración, cuando por cualquiera causa deje de ser albacea.

Ø  Se pierde el cargo cuando la persona renuncia al antes mencionado.

ARTÍCULO 1,695.- El cargo de albacea es voluntario; pero el que lo acepte, se constituye en la obligación de desempeñarlo. Si el que fuere nombrado albacea por el testador no es su voluntad aceptar el cargo, por intereses personales, se debe aceptar su negativa y de inmediato someter a votación de los herederos el nombramiento del que fungirá como albacea.

Artículo 4.27.- El albacea aceptará o no el cargo conferido dentro de tres días de conocer su designación, y garantizará su manejo en términos del Código Civil. Si no garantiza su manejo dentro del plazo señalado, se le removerá mediante incidente

Ø  Se pierde el título de albacea si este no cumple con sus obligaciones, designadas en el código civil de la CDMX

ARTÍCULO 1,706.- Son obligaciones del albacea general:

 I.- La presentación del testamento;

 II.- El aseguramiento de los bienes de la herencia;

 III.- La formación de inventarios;

 IV.- La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo;

 V.- El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias;

VI.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios;

VII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento;

VIII.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella;

 IX.- Las demás que le imponga la ley.

Ø  Se pierde el cargo de albacea cuando este no presente dentro de los quince días siguientes la proposición referente al  inventario, así como cada bimestre.

ARTÍCULO 1,707.- Los albaceas, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del inventario, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los herederos o legatarios. El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de la materia, aprobará o modificará la proposición hecha, según corresponda. El albacea que no presente la proposición de que se trata o que durante dos bimestres consecutivos, sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios lo que les corresponda, será separado del cargo a solicitud de cualquiera de los interesados.

ARTÍCULO 1,712.- El albacea debe formar el inventario dentro del término señalado por el Código de Procedimientos Civiles. Si no lo hace, será removido.

Remoción por falta de rendición de cuentas Artículo 4.58.- Es causa de remoción, la omisión de rendir cuentas bimestrales, o si no se aprueban. El trámite se hará en forma incidental.

Ø  Finalización del cargo de albacea

ARTÍCULO 1,745.- Los cargos de albacea e interventor, acaban:

 I.- Por el término natural del encargo;

II.- Por muerte;

III.- Por incapacidad legal, declarada en forma;

IV.- Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público, cuando se interesen menores o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal;

 V.- Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo

VI.- Por revocación de sus nombramientos, hecha por los herederos; VII.- Por remoción.

Ø  Cuando exista inconformidad por parte de los herederos, estos podrán remover al albacea de su cargo, siempre y cuando justifiquen la causa y sea mayoría de votos.

ARTÍCULO 1,746.- La revocación puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse el substituto.

Remoción del albacea Artículo 4.68.- Será removido el albacea, mediante incidente, por incumplimiento de las obligaciones respecto a la formulación y presentación del proyecto de partición.

¿Cuándo se produce la nulidad de un testamento?.

El testamento es nulo cuando no reúne los requisitos necesarios para su validez. Hay varias causas por las que se puede producir la nulidad:

·         Falta de capacidad del testador, por ejemplo el testamento otorgado por un menor de 14 años.

·         Vicios de la voluntad, por ejemplo si se ha otorgado bajo violencia o engaño.

·         Usando una forma de testamento no admita por la ley, por ejemplo el testamento mancomunado, es decir el que hace dos personas en un mismo instrumento.

·         Cuando el testamento no tenga la forma requerida por la Ley.

En caso de nulidad es preciso ejercitar la oportuna acción de nulidad, es decir, una vez fallecido el testador será necesario entablar el juicio ordinario que corresponda para que el testamento sea declarado nulo en todo o en parte, mientras esto no se realice el testamento despliega todos sus efectos.

¿Quién puede ejercitar la acción de nulidad? y ¿y contra quien se ejercita?.

Son los herederos y los albaceas quienes pueden ejercitar la acción de nulidad, y se ejercitará contra aquellas personas que tengan algún derecho en virtud del testamento que se pretende declarar nulo. El plazo para ejercitar esta acción, y según la opinión mayoritaria al ser una acción personal, es de un plazo  de 15 años desde la muerte del testador.

Los efectos de dicha acción de nulidad se pueden resumir en los siguientes:

·         Si la nulidad es de todo el testamento, tiene como efecto que si hubo un testamento anterior éste recobre fuerza. Si por el contrario no hubo testamento anterior, se abre la sucesión intestada.

·         Si la nulidad es solo de parte del testamento, valdrán las cláusulas que no hayan sido declaradas nulas.

Dentro del Código Civil Federal en los siguientes artículos se encuentra lo siguiente:

CAPITULO IX - De la Nulidad, Revocación y Caducidad de los Testamentos.

Artículo 1484. Es nula la institución de heredero o legatario hecha en memorias o comunicados secretos.

Artículo 1485. Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes.

Artículo 1486. El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede, podrá, luego que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su testamento con las mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario será nula la revalidación.

Artículo 1487. Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.

Artículo 1488. El juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentará sin demora en la casa del segundo para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará acta en que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o personas que causen la violencia y los medios que al efecto hayan empleado o intentado emplear, y si la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho.

Artículo 1489. Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida y claramente su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen.

Artículo 1490. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que éste deba ser nulo conforme a la ley.

Artículo 1491. El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley.

Artículo 1492. Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se obligue a no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase que fueren.

Artículo 1493. La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula.

Artículo 1494. El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte.

Artículo 1495. La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente nombrados.

Artículo 1496. El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el testador, revocando el posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista.

Artículo 1497. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los herederos y legatarios:

·         Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependa la herencia o el legado;

·         Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;

·         Si renuncia a su derecho.

Artículo 1498. La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o presente desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del heredero o legatario, cuyos derechos se transmiten a sus respectivos herederos.

El proceso de desahogo de pruebas, en un juicio oral, es una actividad judicial, que se utiliza en un juicio para verificar la veracidad de los hechos presentados en un litigio como objeto de prueba y determinan el valor que deben tener los medios probatorios en el procedimiento.

La preparación de las pruebas en juicio oral mercantil y civil quedará a cargo de las partes, pero el juzgador es quien decide qué pruebas son admitidas, el orden en que se desahogaran y las disposiciones generales en caso de requerir peritos, testigos o inspecciones judiciales.

Las partes deben anunciar sus pruebas en los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de éstas. Deben ser especificadas con claridad, explicar el hecho o hechos que se tratan de demostrar y por qué se estima que lo harán.

En caso de existir testigos especificar datos personales que los identifiquen, de igual manera con los peritos, como nombre completo y domicilio. Cuando son pruebas documentales deberán ser anexadas en los escritos ya mencionados.

FASE PROBATORIA

La fase probatoria se da porque hasta esta etapa el juzgador sólo tiene conocimiento parcial y subjetivo de las pretensiones de las partes; por esto es indispensable proveer al Juez de una visión objetiva sobre la controversia de intereses.

Vamos a distinguir cinco momentos dentro de esta etapa:

1.      OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA:

 En este las partes ofrecen al órgano jurisdiccional los diversos medios de prueba con los cuales pretenden constatar lo planteado en la litis, las pruebas deben de llevar una concatenación con los puntos establecidos en la demanda para que puedan prosperar, el C.P.C.O. establece en el artículo 286 cuáles serán los medios de prueba reconocidos por la ley, para el ofrecimiento de pruebas el artículo 287 nos establece un plazo de 10 días:

-        Confesión y declaración de parte

-        Documentos públicos

-        Documentos privados

-        Informes

-        Dictámenes periciales

-        Reconocimiento e inspección judicial

-        Testigos

-        Fotografías

-        copias fotostáticas

-        registros dactiloscópicos;

 En general todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología · Fama pública · Presunciones · Demás medios que produzcan convicción en el juzgador

2.      ADMISIÓN DE LA PRUEBA:

En este momento de la etapa probatoria, el Juez califica la procedencia de las pruebas ofrecidas, aquí se debe de tomar en cuenta la utilidad de los medios ofrecidos, así como el hecho de que se hayan ofrecido en el plazo indicado.

3.      PREPARACIÓN DE LA PRUEBA:

Participan el órgano jurisdiccional, las partes y algunos terceros, se da la citación de peritos y testigos, se formulan interrogatorios o pliegos de posiciones, se fijan fechas para la celebración de audiencias o diligencias.

4.      DESAHOGO DE LA PRUEBA:

Este momento se da cuando ya se han ofrecido y admitido las pruebas presentadas, según el medio de prueba del que se trate así será el trámite y la naturaleza de los actos: preguntas a partes y testigos, cuestionarios realizados a peritos y respuesta de estos; así como visita del Juez a lugares mencionados en las pruebas; el artículo 266 y 267 del C.P.C.O. establecen que el Juez puede mandar desahogar las pruebas que considere competentes para el avance del proceso, de igual forma el artículo 287 nos establece un período de 30 días para el desahogo de las pruebas.

5.      VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

 Dentro de esta etapa, como su nombre lo indica el juez valorará las pruebas ofrecidas por las partes, como ya se había mencionado deben ser enfocadas a los hechos que sean objeto del litigio, en caso de que no se dé de esa forma podrán desecharse de acuerdo a lo establecido en el artículo 282 del C.P.C.O.

Una vez que termina el ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que estimará la pertinencia de las pruebas y la admisión de cada una. No admitirá pruebas extemporáneas, contrarias al derecho o a la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, hechos inverosímiles o que no reúnan los requisitos probatorios.

Ya que las pruebas ofrecidas por las partes sean admitidas por el juez, él procederá a la recepción y desahogo de ellas en forma oral. Las pruebas se reciben en la Audiencia Preliminar.

En todo caso se establece la fecha y hora de la audiencia, si por algún motivo no se presentan las pruebas en su totalidad el juez deberá establecer un diferimiento, si la fecha es pospuesta por causas de fuerza mayor o caso fortuito se cita a audiencia en los siguientes diez días, y debe quedar demostrada la emergencia.

Si las pruebas se encuentren en otra localidad se deberá presentar una petición en el periodo de ofrecimiento de pruebas y que estipule la información necesaria para su aprobación, como nombre completo y domicilio de testigos o se designen los archivos públicos o particulares de documentos a cotejarse. Cuando una prueba no sea presentada en tiempo y forma se multará a la parte responsable.

ARTÍCULO 2.32.-: 

Hay litispendencia cuando un juez conoce ya del mismo negocio, en el que existen identidad de personas, bienes y causas.

El que oponga esta excepción debe acompañar las constancias necesarias del otro juicio, de no hacerlo no se admitirá la excepción.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EDO. MEX y CDMX.

Artículo 2.31 EDO MEX y articulo 35 CDMX. - Son excepciones procesales las siguientes:

I. La incompetencia del juez;

II. La litispendencia;

III. La conexidad de la causa;

IV. La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad del actor;

V. La falta de cumplimiento del plazo a que esté sujeta la obligación;

VI. Se deroga;

VII. La improcedencia de la vía;

VIII. La cosa juzgada, y

IX. Las demás a las que les den ese carácter las leyes.

Es imperioso conocer el concepto, las formalidades, las obligaciones y las causales de terminación de la comisión mercantil, además de su tratamiento para efectos del ISR, IVA e IESPS para aprovechar sus bondades y evitar algún conflicto futuro.

La comisión consiste en encargar a una persona –comisionista– vía un mandato, la realización de uno o más actos de naturaleza mercantil a cuenta de otra –comitente–.

El Código de Comercio señala que en la comisión mercantil deben observarse los siguientes requisitos formales:

-        El contrato puede ser escrito o verbal (ratificado por escrito antes de concluir el negocio)

-        No es necesario constituir en escritura pública poder para que el comisionista desempeñe su encargo, y

-        Es bilateral y oneroso

No debe confundirse con la mediación, pues en ésta la empresa ejecutará el acto jurídico posterior, mientras que en la comisión el acto puede perfeccionarse por el comisionista.

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

El fraude de acreedores es una acción maliciosa encaminada a dificultar que los acreedores cobren sus deudas. Requiere la presencia del elemento subjetivo consistente en la conciencia o conocimiento por el deudor de que con ese acto se perjudica el derecho de los acreedores.Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;

II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;

III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

El principio pro persona es un criterio hermenéutico que rige al derecho en materia de derechos humanos que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. El presente artículo analiza el principio pro persona en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho. Asimismo realiza una revisión de este principio tanto en el aspecto doctrinal como en su regulación constitucional y legal y en algunos criterios jurisdiccionales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.

1.- Acudir a la Dirección de Adopciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de solicitar la Ficha de Inscripción al Curso de Inducción a solicitantes de adopción.

2.- Asistir al Curso de Inducción, acreditar el 100 % para que se expida una Constancia de Asistencia. A partir de entonces se tendrán 2 meses a efecto de integrar y entregar su expediente.

3.- Una vez recibido el expediente en el área de adopciones del SNDIF, se les proporcionará la Solicitud de Adopción.

4.- Entonces se establecerán las fechas de las valoraciones, entrevistas y visitas domiciliarias que se realizarán durante el procedimiento.

5.- Una vez concluidas las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, los profesionistas del SNDIF elaborarán un informe psicosocial el cual será sometido a consideración de los integrantes del Comité Técnico de Adopción del SNDIF, cuya finalidad es, entre otras, analizar y determinar la expedición o no del Certificado de Idoneidad, revaloración o baja de las solicitudes de adopción.

6.- La decisión de Comité Técnico de Adopción se notificará por escrito y personalmente a los solicitantes, informando las causas de dicha determinación, así como dando la orientación necesaria.

7.- En caso de determinar la aprobación del Certificado de Idoneidad los solicitantes ingresan a una lista de espera para la asignación de un menor.

8.- La asignación del menor se llevará a cabo a través de una Sesión de Asignación con los integrantes del Comité Técnico de Adopción, la cual se realizará atendiendo las necesidades e interés superior del menor que se encuentre liberado jurídicamente y al perfil psicosocial de los solicitantes.

9.- La Asignación se notificará a los solicitantes de manera personal.

10.- La Dirección de Adopciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enviará el expediente a la Dirección General de Integración Social, conforme al rango de edad solicitado por los futuros padres adoptivos.

11.- A los futuros padres se les proporcionará el Informe de Adoptabilidad el cual contiene la situación médica, jurídica, psicológica, social y pedagógica del menor.

12.- Aceptada la asignación por los solicitantes, la Dirección General de Integración Social programará previo consentimiento del menor (a partir de su edad y grado de madurez), la presentación física.

13.- Se dará inicio al periodo de convivencias entre éstos, siendo dichas convivencias en un primer momento en el Centro donde el menor se encuentra albergado y posteriormente fuera del centro con el seguimiento y supervisión adecuados, esto para evaluar el grado de compatibilidad que existe entre ambas partes. Si la convivencia resulta satisfactoria, se iniciará el procedimiento judicial de adopción.

14.- El juez valorará si los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente, de acuerdo con las pruebas presentadas, y dictará sentencia decretando la adopción, y una vez que esta cause ejecutoria, girará oficio al Registro Civil para que éste emita la nueva acta de nacimiento del menor adoptado.

15.- El seguimiento postadoptivo es requerido a efecto de valorar la adaptación del menor a la nueva familia y al entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo en todos los aspectos. Estos se llevarán a cabo durante 2 años cada 6 meses

Las personas que estén interesadas en iniciar un procedimiento de adopción deberán integrar un expediente con los documentos que se mencionan a continuación: 

Constancia de asistencia al Curso de Inducción impartido por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Carta dirigida al Sistema Nacional DIF, fechada y firmada por las personas solicitantes, manifestando la voluntad de adoptar, especificando perfil de niñas, niños y/o adolescentes que desee adoptar.

Copia simple y original para cotejo de la identificación oficial con fotografía que en su caso podría ser la Credencial para Votar, Pasaporte o Cédula Profesional.

Copia certificada de las actas de nacimiento con una vigencia que no exceda de seis meses de expedición.

Copia certificada de las actas de nacimiento de hijos, con una vigencia que no exceda de seis meses de expedición.

Copia certificada del acta de matrimonio o constancia de concubinato.

Dos cartas de recomendación de las personas que conozcan su intención de adoptar, con los datos de contacto de quien expida la misma.

Certificado médico expedido por el sector salud.

Exámenes toxicológicos que incluyan los elementos siguientes: anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

Constancia laboral especificando puesto, antigüedad, sueldo y horario laboral o comprobante de ingresos.

Comprobante de domicilio con máximo tres meses de expedición.

Certificado de Antecedentes No Penales con antigüedad no mayor a seis meses, expedido por la autoridad federal y de la entidad federativa que corresponda a su domicilio o residencia habitual.

Fotografías del inmueble en el que habitan las personas solicitantes que deberán ser como mínimo diez, en las que se incluya cada uno de los espacios de la vivienda y fachada principal.

Fotografías de convivencias familiares que deberán ser mínimo cinco.

Las personas solicitantes de adopción deberán informar por escrito a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cualquier modificación a la información manifestada en su solicitud.

Los expedientes de Adopción Nacional deberán integrarse únicamente con documentación original, misma que no será devuelta bajo ninguna circunstancia toda vez que dichos expedientes forman parte del Archivo de este Sistema Nacional DIF y serán clasificados como confidenciales de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

a)      En todos los casos de adopción, se considerarán preferentes los intereses del adoptado sobre los de los adoptantes.

b)      El que adopta tendrá respecto a la persona y los bienes del adoptado y los mismos derechos que tienen los padres respecto de las personas y los bienes de los hijos.

c)      El adoptante o los adoptantes darán nombre y sus apellidos al adoptado.

d)      Cuando se realice un procedimiento de adopción en todo momento deberá asegurarse, para seguridad del menor en el interés superior de la infancia que:

      Las personas y entidades, cuyo consentimiento se requiera para la adopción, han sido debidamente asesoradas e informadas por la autoridad competente, pudiendo ser el sistema o consejo nacional estatal o municipal de familia, sobre las consecuencias legales de la adopción y del consentimiento otorgado, en este último caso, sobre las consecuencias de la ruptura de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen.

    El consentimiento ha sido otorgado libre de vicios, ante cualquier persona, como señaló antes, previa asesoría, y por escrito ratificado ante el juez que conozca del procedimiento de adopción. En el caso que medie urgencia, ante el agente del Ministerio Público, el que deberá entregar al juez el documento en que consta el consentimiento y la causa de la urgencia.

   Cerciorarse que en el consentimiento para la adopción no ha habido pago o compensación alguna.

        Cuando sea la madre que ha alumbrado al menor la que otorgue el consentimiento para la adopción, proporcione por lo menos veinte días después del nacimiento de su hijo.

      El adoptante o los adoptantes, según el caso, han recibido por parte de la autoridad competente, ya sea el sistema o consejo nacional estatal o municipal de la familia, la debida asesoría y capacitación sobre los alcances psicológicos, afectivos y jurídicos de la adopción.

     En el caso de las madres menores de edad, no emancipadas, el consentimiento otorgado se haga conforme a lo establecido en la ley, es decir, con el consentimiento de aquellos que ejercen la patria potestad o la tutela.

a adopción es el vínculo filial creado por el derecho. En la actualidad existe el reconocimiento y regulación de tres tipos de adopción:  La simple, La plena y la Internacional. 

1.      ADOPCIÓN SIMPLE

La adopción simple es aquella que reconoce al menor como hijo legítimo del adoptante y en la que la relación de parentesco sólo se establece entre el adoptante y el adoptado; esto es, el menor adoptado no tiene ningún vínculo con los parientes de la persona o personas que lo adoptan. Esta figura contempla la posibilidad legal de poder revocarla o impugnarla.

ADOPCIÓN PLENA

Por su parte, la adopción plena se equipará al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, es decir el adoptado tiene en la familia del o los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes. Este tipo de figura es irrevocable y extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los impedimentos de matrimonio.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Por último, la adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Este tipo de adopción es plena.

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes de que cause estado, si se tratare de sentencia, o de tres, si fuere de auto.

Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el tribunal la admitirá sin substanciación alguna, si procede legalmente, y, dentro de los tres días siguientes a la notificación, remitirá, al tribunal de apelación, los autos originales, cuando el recurso se hubiere admitido en ambos efectos. Si se hubiere admitido sólo en el efecto devolutivo, se remitirá el testimonio correspondiente, tan pronto como quede concluido.

En el auto en que se admita la apelación, se emplazará, al apelante, para que, dentro de los tres días siguientes de estar notificado, ocurra al tribunal de apelación a continuar el recurso, ampliándose el término que se le señale, en su caso, por razón de la distancia.

En el escrito en que el apelante se presente a continuar el recurso, expresará los agravios que le cause la resolución apelada, y los conceptos por los que, a su juicio, se hayan cometido.

El tribunal de apelación, recibidos los autos o el testimonio, en su caso, lo hará saber a las partes.

 Notificadas las partes del decreto a que se refiere el artículo anterior, a los tres días siguientes examinará y declarará el tribunal, de oficio, en primer lugar, si el recurso fue interpuesto o no en tiempo, y si es o no apelable la resolución recurrida, y, en segundo, si el escrito del apelante fue presentado en tiempo y contiene la expresión de agravios.

Cuando se declare que la resolución no es apelable, o que no fue interpuesto en tiempo el recurso, no será necesario decidir respecto a la oportunidad de la continuación del recurso y a la expresión de agravios. En caso contrario, en el mismo auto en que se resuelva sobre la procedencia de la apelación, se decidirá sobre si el escrito de continuación del recurso fue presentado en tiempo y contiene la expresión de agravios.

Si se declara que la resolución recurrida no es apelable, o que no fue interpuesto el recurso en tiempo, se devolverán, al tribunal que conoció del negocio, los autos que hubiere enviado, con testimonio del fallo, para que continúe la tramitación, en su caso, o para que se proceda a su cumplimiento, si se tratare de sentencia.

Si se determina que el escrito del apelante fue presentado fuera del término del emplazamiento, o que no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso, y que ha causado ejecutoria la sentencia, en su caso, mandándose devolver los autos que se hubieren recibido, y remitir testimonio de la resolución al tribunal que hubiere conocido el negocio.

Los medios de impugnación sirven para modificar. revocar o anular los actos y las resoluciones, se presenta cuando alguna de las partes está inconforme con la resolución que se emitió, y entonces recurre ante un órgano jurisdiccional superior para que realice un segundo estudio de la resolución.

Dentro de estos medios de impugnación esta la apelación que según el artículo 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados.

Cuando se plantea un recurso de apelación contra una sentencia, se inicia un segundo nivel de decisión jurisdiccional que puede considerar como una segunda instancia, aunque no plena sino limitada.

Por el contrario, cuando se plantea un recurso de apelación contra una resolución interlocutoria (que no ponen fin a la instancia), no abriría una segunda instancia, sino que el Tribunal de apelación se limitaría a decidir de nuevo sobre la cuestión impugnada.

El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo Tribunal que hubiere dictado el auto (o la sentencia) recurrido, pero será competente para conocer y decidir, el Tribunal superior jerárquicamente; el mencionado recurso deberá presentarse con la firma del letrado de la parte interesada en recurrir.

La primera etapa del proceso es la expositiva, postulatoria o polémica, durante la cual las partes exponen o formulan, en sus demandas, contestaciones y reconvenciones, sus pretensiones y excepciones, en esta fase se plantea el litigio ante el juzgador.

La segunda fase del proceso es la probatoria o demostrativa, y en ella las partes y el juzgador realizan los actos tendentes a verificar los hechos controvertidos, sobre los cuales se ha planteado el litigio. Esta etapa se desarrolla normalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o rechazo; la preparación de las pruebas admitidas, y la práctica, ejecución o desahogo de los medios de prueba admitidos y preparados.

La tercera etapa del proceso es la de alegatos o de conclusiones, y en ella las partes expresan las argumentaciones tendentes a demostrar que han quedado probados los hechos en que fundaron sus respectivas pretensiones y excepciones y que resultan aplicables los preceptos jurídicos invocados en apoyo de dichas pretensiones y excepciones.

La cuarta etapa del proceso es la resolutiva, en la cual el juzgador, sobre las posiciones contradictorias de las partes y con base en los hechos efectivamente probados, emite su decisión sobre el conflicto de fondo y pone término normalmente al proceso.

Estas cuatro etapas integran lo que se conoce como primera INSTANCIA

Los artículos 59, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México contienen las disposiciones que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales de dicha entidad federativa –Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito, de lo Civil de Proceso Oral y de lo Civil de Cuantía Menor–, para conocer de asuntos de naturaleza civil y mercantil. Sobre ese particular, en la sesión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 40-09/2020, en el que se precisa que, a partir del 26 de enero de 2020, la competencia por cuantía en controversias mercantiles, se deberá regir de conformidad con lo siguiente: 

1. Los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito conocen de: (I) los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal demandada sea superior a la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), sin considerar intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, y (II) los negocios de jurisdicción concurrente que no sea posible cuantificar económicamente al momento de presentarse la demanda ni con posterioridad, cuya competencia no se encuentre asignada expresamente a los Juzgados de lo Civil de Proceso Oral.

2. Los jueces de lo Civil de Proceso Oral conocen de: (I) los juicios ejecutivos mercantiles cuyo monto reclamado sea inferior a la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100M.N), e igual o superior a la cantidad de $682,546.89 (Seiscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), sin tomar en cuenta los accesorios demandados a la fecha de presentación de la demanda, y (II) los negocios de jurisdicción concurrente que deban tramitarse en la vía oral mercantil, sin límite de cuantía.

3. Los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor conocen de los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal demandada sea inferior a la suma de $682,546.89 (Seiscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), referida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, misma que fue actualizada de conformidad con el Acuerdo de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 2019, y el Acuerdo 36-47/2019 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta los accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

“De esta manera, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aclaró cuál es la competencia de los órganos judiciales tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, en función de su cuantía.” Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

“Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir controversias que conforme a los artículos 4,75 y 76 del Código de Comercio se deriven de actos comerciales. Los juicios mercantiles se encuentran regulados en el libro quinto del Código de Comercio, esto es a partir del artículo 1049 al 1414 de la ley citada. Luego entonces, un juicio será mercantil si la controversia se deriva de actos de comercio, en los términos de los artículos 4, 75 y 76 del código de comercio.”

SE DIVIDEN EN:   

Ordinarios, Orales, Ejecutivos, Especiales.  Según el  ARTÍCULO 1055 CÓDIGO DE COMERCIO.

Los juicios mercantiles tienen su regulación jurídica en la ley mercantil, pero si esta es omisa o reglamenta incompletamente su tramitación, procede la aplicación supletoria de los códigos de procedimientos civiles de los estados, tal como lo dispone el artículo 1054 del C. de Comercio.

Artículo 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio:

 I. El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra; 

II. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156;

III. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102 y 103. del código civil federal.

 Artículo 207.- Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante este, por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después

Artículo 183.- La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

 Artículo 184.- La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.

 Artículo 185.- Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida.